La Fiscalía Anticorrupción solicita, en un escrito de calificación de más de 400 páginas, 21 años de prisión para el ex conseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, al considerarlo principal responsable del desvío de unos siete millones de euros desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) para beneficiar a empresas de personas allegadas durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Se trata del primer ex conseller del anterior Govern del PP que se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en el Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, Cardona no será el único ex alto cargo 'popular' que desfilará ante un tribunal en el marco del caso Scala, ya que el Ministerio Público pide asimismo 20 años de cárcel para el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y siete para la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, quien junto al empresario y sobrino político de Matas, Felipe Ferré -también acusado-, confesó los hechos investigados en esta compleja causa de cara a lograr futuras atenuantes.

En total, el Ministerio Fiscal dirige su escrito contra 18 inculpados que presuntamente se vieron beneficiados de esta trama, liderada por Cardona, Viaene y Ordinas, a quienes acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, fraude a la Administración y cohecho. Para todos los imputados reclama penas privativas de libertad, si bien no en todos los casos implicará su ingreso en prisión por ser menos de dos años los que la Fiscalía solicita para ellos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

En un contundente escrito, la acusación pública achaca a Cardona la posición de líder de esta presunta trama de corrupción, mediante la cual Viaene y Ordinas planificaron y ejecutaron actuaciones dirigidas a apoderarse de los fondos públicos y emplear todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido.

De este modo, al igual que ya detallaba la Fiscalía al pedir el fin de la instrucción del caso, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB a todas las ferias y eventos posibles así como contratar cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público, una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".

Es por ello que, según el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse. De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB, según apuntaba la Fiscalía.

"robo sistemático" mediante testaferros y creación de empresas

La Fiscalía ratifica lo que ya aseveraba en su anterior escrito, en el que apuntaba al "robo sistemático" efectuado por los inculpados mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

"Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detallaba la acusación. Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas, Ferré y el empresario Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio para provecho propio.

Al hilo de lo anterior, la Fiscalía relata cómo se llevó a cabo, con cargo a los fondos del CDEIB, el transporte de unos 6.000 kilogramos de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera, elaborados de forma gratuita por el publicista Joan Rosselló. Transporte que se efectuó a través de la empresa Mex-Trascentro, que cobró al CDEIB 10.585 euros, según una factura en la que aparecía camuflado el transporte bajo el nombre 'Productos 5 Estrellas'

Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular.

Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.

Resto de acusados contra quienes se dirige la fiscalía

Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía solita penas son la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia-; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export S.P. y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

También el asesor jurídico que prestó trabajos para el CDEIB, Juan Enrique Riera; el administrador de Mercantiles NTC Consultores, Francisco García; el publicista Joan Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont, y los empresarios Antonio Munar, Pedro Veny, Manuel Carmelo, Antoni Vicens y Francisco Miguel Mauri.