El presidente y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), Ángel Pérez y José Luis Márquez, respectivamente, han advertido este jueves de la posibilidad de que las oficinas de farmacia de la comunidad pueden sufrir un desabastecimiento de fármacos como consecuencia "de los retrasos o impagos" que la Consejería de Salud podría llevar a cabo a la hora de "abonar los fármacos retirados vía receta" por los usuarios del sistema sanitario público andaluz (SSPA).

En rueda de prensa en Sevilla, ambos dirigentes han respondido así ante lo que consideran una "amenaza velada" esbozada días atrás por la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, de que puede darse "un retraso en los pagos" a las farmacias, lo que, desde CEOFA, achacan a una 'represalia' de la Administración tras la negativa que días atrás dio el Consejo Andaluz de Farmacéuticos (CACOF) a la Junta para no firmar un acuerdo entre partes que hiciese posible la licitación o 'subasta de fármacos'.

Pese a que la negociación en este proceso se ha llevado a cabo entre el CACOF y la Administración, la patronal empresarial del sector ha advertido de que, "en caso de que se produzcan impagos por parte de la Administración", la Consejería "tendría que pagar más tarde los intereses derivados del retraso de estos pagos". Actualmente, el abogo que el SAS hace a las farmacias —vía el CACOF— por los medicamentos retirados por los usuarios de la sanidad pública ronda los 42 días de tiempo medio de pago.

"Nosotros no nos vamos a negar nunca a dispensar el fármaco, haya o no concierto con el SAS", ha puntualizado Márquez, quien, con todo, ha admitido que "lo que sí puede suceder es que como farmacéutico que voy comprando medicamentos, pero no pagando, me supongo que (los laboratorios) ya no me darán más existencias cuando no tenga liquidez y mis reservas (de fármacos) se agotarán".

"Por este motivo tendré que dejar de dispensar fármacos, no porque yo como farmacéutico no quiera", ha proseguido este dirigente de CEOFA, quien ha insistido que "ha sido la Consejería la que ha dejado entrever que podría existir problemas de financiación, pese a que están obligados a pagar la prestación". Así, entiende que lo dicho por Montero es "una amenaza velada".

Igualmente, han alertado de que la licitación de moléculas o fármacos a un sólo laboratorio para que lo distribuya al conjunto de las farmacias andaluzas (unas 3.500 en la comunidad) "disminuiría las prestaciones de los ciudadanos al restringir el acceso a más fármacos".

"La licitación señala un medicamento en exclusiva para todas las farmacias de Andalucía, impidiendo darle otro al usuario de la sanidad pública", ha reprochado Márquez, quien ha aprovechado para recordar que la comunidad andaluza representa "el 20 por ciento del mercado nacional". DUMPING

A juicio de Márquez, con la 'subasta de fármacos el SAS "persigue recibir una contraprestación (de los laboratorios), aminorando el precio final del medicamentos", una atribución que corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad y uno de los motivos esgrimidos por varios agentes de la cadena del medicamento para hablar de la "ilegalidad" de la medida.

De hecho, este misma advertencia ya ha sido elevada desde la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), entidad que ha hablado incluso de que puede propiciar situaciones de dumping (venta bajo coste), "que si en el comercio de mercancías produce efectos perniciosos, cuando hablamos de medicamentos y de la salud puede resultar especialmente grave para la población".

Imposibilidad de gestionar los stock

De otra parte, Pérez ha lamentado que tras la ruptura del convenio entre el CACOF y el SAS las farmacias no puedan ahora gestionar sus stock "tras diez años haciéndolo", en referencia a la circular, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el SAS advierte al CACOF de que no abonará las recetas facturadas por las boticas en las que el fármaco dispensado sea otro al recogido en la receta del usuario, aunque siempre con idéntica composición cualitativa y cuantitativa en principios activos.

Este hecho provoca que, en ocasiones, el farmacéutico pueda dar como "medida excepcional" a un usuario incluso un fármaco de marca (habitualmente más caro que un genérico), aunque la diferencia de precio corra a cargo del boticario y no del SAS. Como contrapartida el farmacéutico puede gestionar mejor sus reservas de fármacos.

Por todo ello, han pedido al SAS que nos les haga "cómplices o colaboradores necesarios" a la hora de suscribir vía acuerdo el 'Plan de Estabilidad para la Farmacia Andaluza' que envió a los colegios y en el que se recogía entre otros puntos el de la licitación.

"Si la Junta cree que tienen competencias para hacer esto, que lo haga por ley, pero que no nos presione para que firmemos una ilegalidad, ya que se reducen las prestaciones sanitarias, al igual que ha pasado con el catalogo gallego", han agregado ambos dirigentes, quienes han sostenido que los laboratorios perjudicados "también nos pueden denunciar a nosotros como farmacias por firmar un acuerdo de ese tipo que deja fuera al resto de laboratorios que no consigan el concurso de licitación".

"Aquí la Junta ha disfrazado su subasta de fáramcos como un acuerdo entre partes, en lugar de por ley o decreto, ya que sabía que iba a ser denunciado por el propio Ministerio como se ha hecho con el catálogo gallego", han proseguido desde CEOFA, quien, con todo, han insistido en todo momento que la farmacia está abierta al diálogo con el SAS para buscar nuevas fórmulas para hacer sostenible la sanidad andaluza.