Redondo pide a Villanueva un "crédito puente" para que los trabajadores de Hibramer cobren los atrasos de tres meses

La portavoz del PSCL en las Cortes, Ana Redondo, anunció hoy su propósito de solicitar al consejero de Economía y Empleo en funciones, Tomás Villanueva, que su departamento habilite un "crédito puente" con el fin de que los trabajadores de Hibramer, empresa propiedad de Nueva Rumasa en concurso de acreedores, puedan cobrar de inmediato los sueldos de tres meses que se les adeudan.

Redondo, que se entrevistó hoy con miembros del Comité de Empresa de la mercantil, con instalaciones en Valladolid capital y Aldeamayor de San Martín, ha recordado que en otras ocasiones la Junta ya ha liberado créditos para atender este tipo de situaciones, de ahí la necesidad de que si finalmente el proceso deriva en la liquidación de la fábrica se agilice la percepción de los atrasos de los 104 trabajadores de la plantilla.

"Aunque los empleados van a poder cobrar finalmente, la tramitación de sus sueldos en el Fogasa podría tardar hasta tres o cuatro meses", advirtió la dirigente del PSCL, que, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende que los afectados no pueden seguir sufriendo esta demora y por ello es preciso que la Junta "libere" un crédito puente.

Además, la portavoz parlamentaria socialista se dirigirá a la consejera de Agricultura en funciones, Silvia Clemente, para que, con carácter urgente, ésta dé las oportunas explicaciones sobre "qué se está haciendo y las gestiones mantenidas para buscar una viabilidad" a las instalaciones de Hibramer.

En este sentido, uno de los miembros del comité de la mercantil, Miguel Ángel Montalvillo, advirtió de que él y sus compañeros están viviendo un "auténtico drama", al llevar tres meses sin cobrar sus nóminas y "necesitar de forma urgente ingresos para poder vivir".

Sobre el futuro de Hibramer, Montalvillo apuntó que los trabajadores apenas conocen las negociaciones que se están llevando a cabo y, según él, parece que los administradores se inclinan por la "liquidación", al tiempo que criticó a la Junta de Castilla y León, que "prometió que tutelaría el proceso" y de la que no han vuelto a saber nada.

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