Unos 500 delegados de CC.OO. en ayuntamientos y diputaciones además de representes de las empresas de servicios externalizados por las administraciones públicas de concentrarán este martes ante la sede de las Cortes de Castilla y León para reivindicar el mantenimiento de los puestos de trabajo en estas instituciones y en las empresas a las que adjudican sus servicios.

En concreto, el sindicato Comisiones Obreras ha cifrado en unos 15.000 los empleos en entidades locales de Castilla y León y en contratas y subcontratas con las administraciones públicas que están en "peligro" como consecuencia de los recortes que se van a llevar a cabo en los próximos meses para ajustar sus déficit.

Según un estudio de CC.OO, en estos momentos están en peligro los 11.929 empleos temporales que hay computados en las administraciones locales de Castilla y León (algo más de un tercio del total, 34.083) y entre un 10 y un 20 por ciento de los 12.000 empleados que trabajan para las contratas y subcontratas con las administraciones públicas que desde hace seis meses están renegociando las adjudicaciones para rebajar los costes en esos porcentajes, "lo que repercutirá directamente en los recursos humanos y en el empleo".

Así lo ha asegurado la secretaria de la Federación de Servicios Privados de CC.OO. en Castilla y León, Inmaculada de Pablos, quien ha sumado a esa posible destrucción de empleo en contratas y subcontratas la actual situación de impago que sufren estas empresas por parte de las administraciones locales y que se está trasladando también a las plantillas con retrasos de hasta 20 días para percibir sus nóminas.

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Luis Fernández Gamazo, quien ha recordado que el recorte en el empleo generado por las administraciones públicas repercutirá directamente en la prestación de determinados servicios públicos, en su calidad y en los ciudadanos.

Ante este panorama, CC.OO. ha elaborado un documento que trasladará este martes a los grupos parlamentarios con presencia en las Cortes (PP, PSOE y Mixto), a IU y a la Federación Municipal de Municipios y Provincias (FRMP) para exigir la creación con carácter de urgencia y antes de las vacaciones de verano de un fondo extraordinario dotado con 80 millones de euros para el mantenimiento del empleo y de los servicios públicos que gestionan las administraciones públicas y también las contratas y subcontratas.

Según ha explicado el secretario regional de CC.OO., Ángel Hernández, este documento, que será el "eje de su trabajo" para los próximos meses en Castilla y León, será trasladado también al Gobierno que salga de las urnas el próximo 22 de mayo, al que ha recordado que aún tiene cierta capacidad de endeudamiento dentro de los límites del déficit para hacer frente a ese fondo extraordinario con el principal objetivo de mantener el empleo y los servicios públicos en la Comunidad Autónoma.

"fuerte dotación" en los próximos presupuestos

Hernández, que ha diferenciado ese fondo extraordinario del aprobado ya por la Junta de Castilla y León por valor de 40 millones de euros, ha abogado también por consignar en los próximos presupuestos regionales una "fuerte dotación" económica para el mantenimiento de los servicios públicos que deben prestar las administraciones locales.

El sindicalista, que ha reconocido que en estos momentos "parece que no está en peligro" el empleo que depende directamente de la Administración regional, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas donde se han visto ya "movimientos muy preocupantes", ha advertido de que CC.OO. no está dispuesto a que los ajustes presupuestarios y de déficit se llevan a cabo vía rebaja de prestaciones y del empleo.

"El déficit se sujeta con más ingresos y gastando menos pero no sólo se gasta menos vía recortes de empleo y de prestaciones", ha insistido Hernández, que ha apostado además por recuperar de forma excepcional algunas figuras fiscales que han sido suprimidas a nivel regional y estatal, como es el impuesto de sucesiones, en el primer caso, o el de patrimonio, en el segundo.

"Pónganse en situaciones excepcionales mecanismos excepcionales de ingresos", ha reiterado el secretario regional de CC.OO., que ha cifrado entre 140 y 200 millones de euros anuales la cantidad que han dejado de ingresar las arcas regionales por la supresión del impuesto de sucesiones y en 1.800 millones las pérdidas a nivel nacional por la eliminación del de patrimonio.

Finalmente, CC.OO. ha defendido que ese fondo extraordinario de 80 millones de euros se nutra también del ahorro corriente conseguido ya por la Junta de Castilla y León por valor de 50 millones de euros que, según calcula el sindicato, se irá acumulando.