La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha asegurado este viernes que la Comunitat Valenciana es la quinta autonomía que más dependientes atiende, con un total de 45.659 personas que reciben prestaciones en la actualidad.

Así se desprende del informe presentado en el pleno del Consell sobre los datos estadísticos que mensualmente publica el Ministerio de Sanidad, que recoge que el 72 por ciento de los dependientes severos y graves de la Comunitat reciben atención y que más del 97 por ciento de la población dependiente, 103.062 personas, ya han sido valoradas.

En la rueda de prensa posterior al pleno, Such ha destacado que ese dato sitúa a la Comunitat como la tercera autonomía con mayor porcentaje de personas valoradas, por detrás de La Rioja y Cantabria, que ha valorado a más del 99 por ciento de su población dependiente.

En cuanto al tipo de prestaciones, se sitúa en cuarto puesto a nivel estatal, con el 41 por ciento de las personas dependientes en la Comunitat recibe atención profesional a través de los Centros de Día, de las residencias y de las prestaciones vinculadas al servicio.

En concreto, 19.032 personas son atendidas en esos centros y otras 26.627 están a cargo de cuidadores familiares, unas cifras que "hablan de equidad" en la Comunitat, frente a otras regiones que presentan "porcentajes de cuidadores que rondan el 90 por ciento".

Such ha resaltado que la autonomía es una de las que más puestos de trabajo ha "creado o mantenido" mediante la aplicación de la ley, con 40.871 empleos anuales directos e indirectos a tiempo completo.

Respecto al gasto en la aplicación de la norma, ha apuntado que, en 2010, la Generalitat destinó 333,3 millones a la atención del sistema de la Dependencia y únicamente recibió 107,1 millones por parte del Gobierno central, que debería sufragar el 50 por ciento.

Es más, ha subrayado que el Ejecutivo estatal adeuda 442 millones de euros a la Comunitat Valenciana desde la entrada en vigor de la norma, dado que la Generalitat ha sufragado cerca del 76 por ciento del coste de aplicación de la ley en esos tres años y medio, más de 1.291 millones de euros, frente a los 409 millones de euros que ha aportado el Gobierno.

Such ha reivindicado que, con esos 442 millones de euros que debería haber recibido ya del Estado, la Comunitat Valenciana podría "atender a 20.000 personas durante cinco años" mediante prestaciones económicas.

Así, la consellera ha reprobado que si bien la ley establece que el Estado y las comunidades autónomas deben afrontar el coste de su aplicación al 50 por ciento, "tal y como está establecido el sistema de financiación, esto no se produce de manera efectiva".

Financiación sin atender al tipo de servicio

Ha explicado que el Gobierno central financia por cada persona atendida en el sistema sin tener en cuenta el coste real del servicio que recibe, de forma que si un ciudadano elige la prestación por cuidador familiar, aporta una media de 184,08 euros mensuales —48,13 por ciento— y la Generalitat 198,36 euros —el 51,87 por ciento—.

En el caso de elegir una prestación vinculada al servicio, la Generalitat destina 356,51 euros mensuales y el Gobierno 184,08 euros, el 34,05 por ciento, una diferencia que se acrecienta en el caso de las plazas solicitadas en residencias, con 184,08 euros mensuales de media estatales, frente a los 1.402,92 euros autonómicos.

De este modo, la Generalitat destina una media 577,71 euros por persona y mes, frente a los 184,08 euros del Gobierno central, con lo que la Generalitat valenciana "está financiando el 75,84 por ciento del coste real de aplicación de la Ley de Dependencia", ha recalcado.

En cuanto la evolución del número de personas atendidas a través de la Ley de Dependencia, ha indicado que ha aumentado de manera exponencial, al igual que lo han hecho los recursos económicos.

En 2007, había 7.578 personas atendidas y la Generalitat destinó 125 millones de euros, frente a los 26 del Gobierno central, y dos años después, en 2009, había 28.845 personas atendidas y la Generalitat desembolsó 290 millones de euros y el Estado, un total de 108,2 millones, que incluyen 36,1 millones a través del Plan E.

Coste de aplicación en 2011

En 2011, la Generalitat estima que el coste de aplicación de esta norma ascenderá a 372 millones para las arcas autonómicas y calcula que el Ejecutivo estatal aportará alrededor de 120 millones de euros.

Por otro lado, preguntada por las informaciones que apuntan a que el Tribunal Constitucional ha abierto la vía para que los sindicatos recurran las concesiones del Consell a empresas privadas, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha señalado que "solamente hay un pronunciamiento meramente formal y procesal sobre la cuestión".

Ha aclarado que el TC únicamente "se pronuncia sobre la oportunidad de aceptar ese recurso, pero no sobre el fondo del asunto ni sobre la idoneidad o no de esta actuación", por lo que el Consell va a esperar hasta conocer "el pronunciamiento y la decisión del tribunal" acerca de este cuestión.