Los sindicatos STEI, UGT y CCCO, así como el PSM-IV-ExM, ERC-Manacor, la OCB y el Movimiento de Escuelas Mallorquinas se han sumado a la Declaración por la Educación "abierta, realista, consensuada y de país", mediante la cual reclaman un incremento de la enseñanza en catalán, con el apoyo de la legislación vigente.

Así, consideran "urgente" el refuerzo de la enseñanza en catalán y la "normalización" de esta lengua en todos los ámbitos públicos y en sus usos sociales, de forma que la presencia de este idioma "vaya emparejada con el logro de una competencia bien sólida en el aprendizaje de una lengua extranjera".

Por otro lado, mediante la citada declaración se defiende el diseño de un plan de choque contra el fracaso escolar que "ataque de verdad" las elevadas cifras que sufre Baleares y que contemple la adopción de medidas, como la "equidad, la reducción de las ratios, la dotación adecuada de profesorado y de recursos en todos los centros y la distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos".

"Este proceso no supone ninguna inversión presupuestaria, sino que se trata de conseguir gradualmente la redistribución de alumnos y de las plantillas básicas de atención correspondientes", señala la Declaración, que reclama que el presupuesto destinado a la educación represente el 6 por ciento del PIB cuando la situación económica comience a mejorar, de forma que no se sitúe por debajo del 4 por ciento, tal como sucede actualmente.

Los citados sindicatos y partidos políticos también abogan por la aprobación de una Ley de Educación de las Islas Baleares, que se adapte y potencie los aspectos culturales y lingüísticos que son propios de las islas y que haga posible un pacto social y político por la educación, consensuado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa y las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.

Asimismo, apuestan por el fomento de la autonomía de los centros, que posibilite la "consolidación de los proyectos propuestos por los claustros de profesores, que cuenten con la participación de los padres y madres a través del Consejo Escolar y la coordinación de los personales de dirección".

Por otra parte, defienden la necesidad de diseñar un nuevo modelo educativo en consonancia con un nuevo modelo económico y social, totalmente distinto del que ha llevado a la "grave" crisis económica, medioambiental y energética que sufren los ciudadanos.

Mediante la citada Declaración, a la cual se pueden suscribir otras entidades o personas a nivel particular, también se pide el impulso de la formación en los centros, hecho que, a su juicio, "favorecerá la cohesión de los equipos docentes de las escuelas y los institutos y reafirmará los proyectas de innovación que los claustros de profesores quieran llevar a cabo.

Además, se solicita el impulso "verdadero" de aquellas enseñanzas que ahora, como consecuencia de la crisis, y de las nuevas necesidades de formación, han visto aumentada con creces su demanda, como son la formación profesional, las escuelas de adultos y la enseñanza de idiomas.

Finalmente, se aboga por un modelo de escuela "integradora, inclusiva y compensatoria donde puedan convivir todas las clases y grupos sociales y que no reproduzca el modelo de estratificación social".