Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, Castellón y Valencia han denunciado este jueves que la Conselleria de Bienestar Social tiene desde retenidas desde el mes de marzo un total de 8.885 resoluciones favorables de la Ley de Dependencia ya "firmadas" para ser mandadas ahora, en período electoral, y ha advertido de que en los próximos días los afectados "van a recibir de golpe esa resolución".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de la plataforma de Alicante, Juan Bueno, que ha indicado que según ha podido saber la entidad, estas resoluciones ya están listas y se han retenido para coincidir con la campaña electoral, por lo que ha criticado que "se juegue con personas dependientes por un capricho electoral".

También han estado presentes en el acto miembros de las plataformas de Castellón y Valencia, así como Jaime Esteban García, coordinador de las plataformas provinciales, que han denunciado nuevamente el retraso en la tramitación de las solicitudes de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, que se sitúa en el segundo puesto por la cola en número de beneficiarios en relación a su población.

Por ello, han leído un manifiesto en el que critican la actitud mostrada desde la entrada en vigor de la Ley, en 2007, por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, y su antecesor en el cargo, Juan Cotino, quienes "no han tenido la voluntad política de aplicar y desarrollar correctamente la ley".

En este sentido, han lamentado que el "boicot" de la administración valenciana se traduce en el retraso en la resolución de expedientes, que ha provocado que "más de 16.000 personas en situación de dependencia hayan fallecido durante la espera", la eliminación de la figura del silencio administrativo positivo, la falta de desarrollo de la normativa sobre la prevención y promoción de la autonomía personal o la negación del derecho de retroactividad, lo que ha provocado una "gran frustración" entre los afectados. 28.484

Personas "en el limbo"

Según las cifras recopiladas por el IMSERSO a raíz de los datos aportados por las comunidades autónomas, a fecha de 1 de mayo de 2011 se han registrado 105.432 solicitudes en la Comunitat Valenciana, existen 74.141 personas con el derecho reconocido y reciben la prestación 45.657, lo que supone que cerca del 38 por ciento de los beneficiarios aún no reciben las ayudas, situándose, según las plataformas, en "el limbo de la dependencia".

Los responsables de las asociaciones han desmentido que el asunto se deba a la falta de financiación por parte del Gobierno central, ya que, según ha recalcado Juan Bueno, "si manda dinero a Castilla y león, a Murcia, a La Rioja, por qué no lo iba a mandar aquí" y ha lamentado que la asignación estatal sea más baja que a otras regiones precisamente debido al menor número de expedientes tramitados.

Retraso en la aprobación de decretos

Desde los colectivos en defensa de la Ley de Dependencia han criticado que la propia consellera de Bienestar anunciara en una rueda de prensa a finales de 2010 que en el primer trimestre del año se aprobarían todos los decretos que desarrollan la ley —sobre el procedimiento, copago, servicio de ayuda a domicilio, compatibilidad y asistencia personal— y que por el momento sólo el relacionado con el procedimiento para tramitar las solicitudes se ha aprobado.

Al respecto, Jaime Esteban García ha señalado que los primeros borradores se elaboraron en el verano de 2009 y llevan desde entonces casi dos años de retraso, al tiempo que ha criticado que el ya aprobado en lugar de favorecer la tramitación de los expedientes los hace "más engorrosos". 30.000

Puestos de trabajo

Por su parte, fuentes de las plataformas han detallado que si la ley se aplicara correctamente se podrían generar hasta 30.000 puestos de trabajo nuevos, relacionados especialmente con el ámbito de la asistencia personal a domicilio.

En cualquier caso, han incidido en que la solución de este 'conflicto' debe basarse en la voluntad política del Consell por acelerar los trámites de registro y valoración de solicitudes.

A su juicio, una de las medidas que ayudarían a conseguirlo sería que funcionarios de la administración autonómica se hicieran cargo del proceso, en lugar de los trabajadores de la empresa pública Avapsa, que a su juicio, se ha demostrado "incompetente" en esta tarea.

Diplomas de buenas y malas prácticas

Por último, las plataformas han anunciado la resolución de la primera edición de los premios a las buenas y malas prácticas en materia de dependencia en la Comunitat, que se entregarán próximamente en Alicante.

Los diplomas de buenas prácticas han recaído en Emilia Caballero, adjunta al Síndic de Greuges, por su compromiso con el colectivo, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, por su trabajo desde el Observatorio Nacional de la Dependencia, y al Colegio de Abogados de Alicante por su labor asesora con los afectados.

Por su parte, los diplomas de malas prácticas han sido para Juan Cotino y Angélica Such, por su "falta de valor político para aplicar la ley, por olvidarse de las personas en situación de dependencia y sus familiares, por atender a razones políticas y partidistas y por ralentizar la aplicación de la ley".

Según ha indicado Juan Bueno, también figuraban como candidatos a este diploma de malas prácticas el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por sus palabras sobre la accesibilidad de los minusválidos en Xàtiva, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por su responsabilidad como máximo mandatario del Gobierno autonómico, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por no haber hecho que los centros municipales sean "puerta de entrada para la ley", como ocurre en otros ayuntamientos.