La sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha fijado para el 21 de junio de este año la vista para la votación y fallo del recurso del Ayuntamiento de Valencia contra la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la petición municipal de suspender cautelarmente la orden del Ministerio de Cultura que declara acto de expolio las actuaciones derivadas del Pepri de El Cabanyal y paraliza los derribos en el barrio, hasta que hubiera un pronunciamente del órgano central sobre la naturaleza jurídica de esa orden, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Así consta en una providencia, notificada el 11 de mayo, en la que se señala para el 21 de junio, a partir de las 10.00 horas, la votación y fallo de ese recurso del consistorio —en el que la parte recurrida es el Instituto en Defensa de los Intereses patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal— y se designa como magistrado ponente a Enrique Lecumberri, según el escrito facilitado por la Plataforma Salvem El Cabanyal que ve en este señalamiento un "paso" para que el proceso en la Audiencia Nacional "siga su curso" y que esperan que les sea "favorable", tal y como ha destacado a Europa Press la portavoz de la entidad, Maribel Doménech.

La Audiencia Nacional decidió en abril de 2010 denegar la petición del Ayuntamiento de Valencia de suspensión de las medidas cautelares aplicadas al Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar de El Cabanyal, por referirse a un "acto negativo" y declaraba la "obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata del la ejecución" del Pepri y de todas las actuaciones administrativas relacionadas con él.

El consistorio, que solicitaba esta suspensión cautelar hasta que la Audiencia Nacional se pronunciara sobre la naturaleza jurídica de la orden, decidió recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, que ha fijado para el 21 de junio la vista sobre este recurso, que no tiene que ver con la cuestión de fondo de la orden, según fuentes municipales.

En relación con el contenido de esta decisión ministerial, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat solicitaron el pasado mes de enero a la Audiencia Nacional la acumulación de los recursos presentados por ambas administraciones contra la orden de Cultura que paraliza el Prepi del Cabanyal y anunciaron la presentación de una querella por posible prevaricación contra la ministra Ángeles González-Sinde y los responsables y firmantes de esta resolución, —que se está "ultimando", según las mismas fuentes—.

La decisión de la interposición de la querella se adoptó tras el dictamen de un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz, quien consideraba que la decisión del Ministerio supone una "desviación y un ejercicio desmedido e imprudente de la competencia estatal" y la calificaba de "arbitraria porque no tiene una cobertura razonable en el ordenamiento jurídico".