El trabajador de 49 años que ha perdido la vida este martes al caerle encima el contrapeso de un montacargas que estaba desmontando en un edificio antiguo en la calle Pedro Antonio de Alarcón, en Granada capital, no estaba dado de alta en la Seguridad Social, según los datos recabados por los sindicatos CCOO y UGT.

Se trata del cuarto trabajador fallecido en lo que va de año en la provincia de Granada y del segundo en el sector de la construcción, aunque si finalmente se confirma que la víctima no estaba asegurada "no contabilizará" como un siniestro laboral con resultado de muerte, según han relatado los responsables sindicales tras secundar una concentración silenciosa en protesta por esta nueva muerte en el tajo a la que han asistido unas 150 personas.

El secretario general de Fecoma CCOO de Granada, Francisco Quirós, ha considerado en un comunicado que esta situación es "una muestra más de la desfachatez de los empresarios que priorizan sus beneficios a la seguridad y a los derechos de sus trabajadores".

Por este motivo, el sindicato va a denunciar el siniestro ante la Inspección de Trabajo y ante la Fiscalía al haber cometido la empresa un doble incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la legislación laboral vigente, por contratación irregular.

Si se confirma que el trabajador fallecido trabajaba sin contrato, ha recordado el representante sindical, formaría parte de la economía sumergida, "una lacra en la que está inmersa el 20 por ciento de la población activa en nuestra provincia", unas 85.000 personas. En este sentido se ha referido al plan de economía sumergida aprobado por el Gobierno que debería dotar con más medios a la Inspección de Trabajo para detectar irregularidades en lugar de bonificar a las empresas que cumplan la legalidad.

Por último, Quirós ha lamentado que pese al descenso de la actividad en el sector de la Construcción, la siniestralidad laboral continúe en las mismas cifras de accidentes.

Por su parte, el secretario General de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha calificado estos hechos como la "historia de una muerte anunciada", ya que ni la empresa había proporcionado formación en Prevención de Riesgos Laborales al trabajador, ni la zona de trabajo estaba acotada ni señalizada, entre otros incumplimientos manifiestos.

A su juicio, estos elementos fueron una "mezcla explosiva", que ha causado una muerte que se podría haber producido en cualquier momento si nos atenemos a las irregularidades detectadas.

Por eso, ha vuelto a exigir a los empresarios que cumplan la ley y no obtengan sus beneficios a costa de la vida de sus trabajadores. También ha advertido a la Administración que aunque la crisis ha hecho que haya menos empresas de la construcción que inspeccionar, los índices de siniestralidad de este sector no han descendido, por lo que no se debe bajar la guardia.

Por último, también ha hecho un llamamiento a los propios trabajadores, para que exijan a los empresarios que les proporcionen las medias de protección de su salud y seguridad a las que la Ley obliga, y que en caso contrario lo denuncien.