La defensa de un acusado de un presunto delito de tráfico de drogas ha alegado este lunes en la Audiencia Nacional que su cliente quebrantó la prohibición que tenía de salir de España por una cuestión de "ignorancia" y ha explicado que atravesó Portugal para viajar de Galicia a Andalucía y así "ahorrarse dinero y tiempo", pero no con el ánimo de sustraerse de la acción de la Justicia.

Durante una vista de apelación celebrada ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, el abogado defensor ha solicitado al tribunal que revoque el auto de prisión provisional sin fianza dictado a principios de abril y ha recordado que su patrocinado, detenido en una operación en la que fueron detenidas 32 personas por su relación con el tráfico de estupefacientes, es el único que permanece en la cárcel. Al estimar que esta medida es demasiado "dura", ha reclamado que se imponga otra "menos gravosa" para su representado.

Según ha indicado, el acusado, de origen gallego, ha cumplido "religiosamente" todas sus obligaciones con la Justicia. En este punto, ha reconocido que incumplió la prohibición de salir del territorio nacional, aunque ha subrayado que lo hizo de forma momentánea para "ahorrarse dinero e ir a comprar unos camiones, que es a lo que se dedica, a Cádiz".

A su juicio, este comportamiento no demuestra el ánimo de desobedecer a la Justicia. "Ha atravesado Portugal y ha salido por Huelva. Falta esa voluntad de incumplir la prohibición", ha señalado, para preguntarse a continuación: "¿Hasta qué punto tenía conciencia este hombre de que estaba incurriendo en esta prohibición?". "Es más bien un caso de ignorancia y sobre todo, falta la ausencia de dolo", ha expuesto.

Por su parte, la fiscal ha considerado "absolutamente necesario" que el acusado permanezca en prisión hasta la apertura de juicio oral y ha rechazado que el demandante ignorara la prohibición de abandonar el país puesto que se le había notificado de forma expresa.

En opinión del Ministerio Público, el comportamiento del procesado demuestra la "absoluta falta de respeto" por las decisiones judiciales y "la facilidad de incumplirlas" y sustraerse de la acción de la Justicia. Por lo tanto, ha concluido, ello no asegura que no exista riesgo de fuga.