La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo ha acusado a la empresa Cenavi de estar presionando al funcionario que se encarga de la reclamación patrimonial por el derribo de la urbanización de El Encinar, en Arnuero.

En un comunicado, la Consejería rechaza estas presiones, que achaca a la propia empresa, pero también a sus trabajadores, y que incluye, según detalla, el envío de anónimos remitidos por supuestos acreedores de la empresa al domicilio particular de este empleado público.

Cenavi es la empresa que levantó la urbanización El Encinar, en la playa de La Arena de Arnuero, sobre la que pesa sentencia de derribo, que fue ejecutada, tras un concurso, por la propia Cenavi, que derribó parte de las viviendas y que reclama una indemnización al respecto por los perjuicios económicos sufridos.

La Secretaría General de la Consejería de Obras Públicas ha remitido un escrito a los trabajadores de Cenavi, en relación con la carta enviada por estos al funcionario instructor de la reclamación patrimonial presentada por la empresa, en el que les muestra su "comprensión" por la situación y les explica el procedimiento que tiene que seguirse en estos casos.

Obras Públicas defiende que "en ningún caso" puede afirmarse que la situación laboral de los trabajadores de Cenavi depende de la actuación del funcionario instructor.

Y aclaran que este empleado sólo tiene funciones de propuesta, mientras que en la reclamación patrimonial se genera un procedimiento en el que intervienen diversos órganos con competencias, tanto técnicas como jurídicas, y que, en todo caso, es resuelto en vía administrativa por el órgano competente, en este caso, el Consejo de Gobierno.

Finalmente, se ha indicado a CENAVI que la instrucción del procedimiento se encuentra sometida a un "deber de sigilo y confidencialidad" por parte del instructor, que, advierten, "no debería tener relevancia pública".