Para Barberá, la anulación judicial de la licencia provisional de actividad calificada que se concedió en 2004 a la clínica condicionada a reparar una serie de deficiencias (ruidos, humos, olores), deja a los vecinos desprotegidos. Por eso, comentó que en breve se reunirá con ellos para ver si quieren que el Ayuntamiento recurra la sentencia.