La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F) ha explicado que la competencia de decidir el orden de los apellidos de los hijos en caso de desacuerdo entre los progenitores es competencia del responsable del registro civil, que es el juez, y no del funcionario.

En declaracines a Europa Press, fuentes del sindicato han asegurado que sería "ilegal" que fueran los funcionarios quienes decidieran el orden, tal y como ha acordado esta semana el Congreso de los Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley de Registro Civil, con el apoyo de todos los grupos salvo el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se ha abstenido.

CSI.F ha hecho hincapié en que la regulación de todo lo referente a los nombres corresponde al encargado del registro, que "siempre es un juez". Además, ha señalado que "siempre que hay una disputa entre las partes debe dirimir un juez".

En este caso concreto, ha indicado que se trata de "una disputa" entre los progenitores del niño que no se ponen de acuerdo en el orden de los apellidos del menor y, por tanto, es "obligación del juez" decidir. "No tienen nada que ver los funcionarios", ha apostillado.

El sindicato ha recordado que en la Comunitat Valenciana hay 33 partidos judiciales, que aglutinan a unos 250 funcionarios en los registros civiles. En el registro de la Ciudad de la Justicia de Valencia hay unos 60 funcionarios, pero, de media, hay dos por cada registro.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios concentró el pasado miércoles a sus delegados en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Alicante, Castellón y Valencia para reclamar al Ministerio de Justicia que mantenga la plantilla de los registros civiles y no transfiera ese servicio. El objetivo es garantizar la "imparcialidad y objetividad" para los ciudadanos de esta prestación.

La concentración se produjo al cierre al público de las oficinas, a las 13.15 horas, y duró, aproximadamente, 30 minutos. El sindicato reclama que los servicios civiles sigan dependiendo de los respectivos partidos judiciales y que sus plantillas dispongan de las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores de Justicia.