Medio Ambiente, CCAA y ONG analizan la actualidad del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha celebrado, desde la dirección general de Medio Natural y Política Forestal, una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, para abordar el estado actual del uso ilegal de venenos y cebos envenenados en el medio natural que suponen una "grave amenaza" para la conservación de la biodiversidad en España, sobre todo para las especies amenazadas.
Ejemplar De Buitre Negro, Una Especie Afectada Por El Uso Ilegal Del Veneno
Ejemplar De Buitre Negro, Una Especie Afectada Por El Uso Ilegal Del Veneno
EURPOPA PRESS
Ejemplar De Buitre Negro, Una Especie Afectada Por El Uso Ilegal Del Veneno

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha celebrado, desde la dirección general de Medio Natural y Política Forestal, una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, para abordar el estado actual del uso ilegal de venenos y cebos envenenados en el medio natural que suponen una "grave amenaza" para la conservación de la biodiversidad en España, sobre todo para las especies amenazadas.

Al encuentro, que no se celebraba desde hacía cinco años, han asistido representantes de comunidades autónomas y de los proyectos LIFE+, en los que figuran varias organizaciones medioambientales, con el fin de evaluar la situación real del uso de cebos envenenados en varias comunidades autónomas y analizar el grado de aplicación de las iniciativas emprendidas en este sentido por el MARM, las administraciones regionales y las ONG de los proyectos LIFE+.

El MARM, que aporta a estos proyectos un total de 350.000 euros, recuerda que desde 2004 se cuenta con una Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el Medio Natural que fue aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, así como por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Con el encuentro extraordinario celebrado este jueves se busca fomentar la coordinación entre las distintas administraciones y con los demás sectores relacionados con este problema y el intercambio de experiencias positivas de gestión.

Para el Ministerio, resulta "fundamental" fomentar el intercambio de información entre los sectores implicados, realizar tareas para la prevención y disuasión, como medidas de control y prevención de daños, agilizar las indemnizaciones a ganaderos y agricultores por daños ocasionados por la fauna, proporcionar la asistencia técnica para el uso de productos tóxicos por el sector agrario y realizar campañas de comunicación). Finalmente, otra de las metas es mejorar la persecución del delito, incrementando la vigilancia, la coordinación entre administraciones ambientales y los órganos de justicia, las mejoras legislativas y una mayor formación de todos los agentes involucrados.

Reactivar compromisos

Tras el encuentro, la organización SEO/Birdlife, que coordina el proyecto Life+ Veneno ha aplaudido la decisión del MARM de "reactivar" la lucha contra el uso ilegal de veneno, después de que desde hace cinco años no se habían puesto en común las acciones contra esta práctica ilegal.

Los proyectos actuales son el LIFE+Veneno y el LIFE+ Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto mediterráneas, que desarrolla la Fundación Gypaetus.

A este respecto, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha destacado que la reactivación del grupo de trabajo es un "importante avance y refleja el compromiso del MARM en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados".

Asimismo ha explicado que en el marco del LIFE+VENENO se están realizando acciones de demostración que se dirigen a solucionar conflictos del mundo rural que llevan al uso del veneno, como los casos de las medidas de protección del ganado en Fuerteventura, el estudio de control de la depredación o acciones destinadas a reducir la impunidad de los envenenadores, como la creación de patrullas especializadas o la formación de agentes para la lucha contra esta práctica ilegal. En total, dispone de un presupuesto de 1,6 millones de euros de los que la Comisión Europea financia el 40 por ciento entre 2010 y 2014.

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