La fiscal del caso Mioño de Castro Urdiales ha pedido este jueves la nulidad del juicio que se sigue contra los acusados por prevaricación y tráfico de influencias por la adjudicación de forma directa en 2004 de las obras de un túnel a la empresa del hermano de uno de los concejales.

En total, los acusados son ocho: el alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza; el concejal de Hacienda, el ex 'popular' José Miguel Rodríguez López, y otros seis concejales, funcionarios (incluido el que fuera secretario municipal) y el gerente de Izeta, la empresa adjudicataria de estos trabajos.

El motivo que ha dado la Fiscal y que ha explicado nada más comenzar la vista es que ella había formulado esa acusación contra un concejal, Tomás Molinero, que, al igual que el resto de ediles acusados, formaba parte en 2004 de la Junta de Gobierno local que aprobó esa adjudicación.

Sin embargo, pese a esta acusación del Ministerio Fiscal, única parte que acusa en este proceso, en los trámites judiciales finalmente no se imputó a este concejal, que, en consecuencia, no ha comparecido en las vistas ya celebradas del caso Mioño que, de hecho, concluye hoy.

La fiscal ha recordado que en su día presentó recurso contra la falta de acusación hacia Molinero, pero que no recibió respuesta alguna.

Las defensas de los acusados han rechazado esta petición, por considerarla "extemporánea", esto es, por que se hacia en un momento del trámite judicial que no consideraban al adecuado, y han considerado que esta situación se debe al "desastre procesal" y el "caos de instrucción" que ha seguido el titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez.

En la misma línea, el juez José Hoya, del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, también le ha advertido a la Fiscal que esta petición se ha hecho en un momento procesal que no era el oportuno.

Y aunque la respuesta formal debe hacerse por escrito en la sentencia, sí que ha adelantado, de forma verbal, que la rechazará.

Y lo hará porque la imputación de Molinero era de forma parcial, esto es, sólo por la adjudicación de las obras del túnel de Mioño, cuando en este juicio también incluye la de los trabajos de eliminación de barreras del mercado municipal, en las que él no estuvo implicado.

Y también descarta esta reclamación de nulidad apelando a lo que en derecho se llama "sobreseimiento implícito", que supone que aunque no se diga expresamente, se sobreseen parte de causas al no seguir mencionándolas en los nuevos escritos judiciales.

Las defensas han advertido de que, de haberse suspendido el juicio para que Molinero pudiera comparecer como acusado en otro nuevo con los demás, el tribunal que lo juzgara ya estaría "viciado", al haber escuchado ya al resto de acusados.

Tras esto, el juicio sigue adelante en la que es su última jornada, en la que declararán testigos y forenses y se escuchará la última palabra de los acusados.