El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha destacado que el Consejo Consultivo de Andalucía es una institución de "valor estratégico para el correcto funcionamiento de la autonomía andaluza" y ha expresado el compromiso de su Gobierno por "mantener el espíritu de colaboración institucional" con este órgano superior de consulta y asesoramiento "esencial para la vida en democracia".

Griñán ha presidido el acto de toma de posesión de nuevos miembros en el Consejo Consultivo, el expresidente de la Junta Rafael Escuredo y el doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla Francisco Gutiérrez Rodríguez, así como de renovación en el cargo de otros ocho.

Ha definido a Escuredo como un "emblema de la lucha del pueblo andaluz por conquistar su autonomía", apuntando que su inteligencia y su sensibilidad admirable de las que ha dado sobradas muestras en tantos hitos de nuestra historia autonómica son aportaciones importantes para el Consejo Consultivo. Sobre Francisco Gutiérrez, que hasta ahora había sido adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz a propuesta del PP-A, ha señalado que su cercanía a los problemas de los ciudadanos será una aportación muy importante para el desempeño de sus nuevas funciones en el Consejo.

Para el presidente, desde su creación, el Consejo Consultivo ha reforzado su posición institucional y ha ampliado sus competencias para dar cobertura no sólo al Consejo de Gobierno y la administración autonómica, sino también a las entidades locales, universidades públicas y corporaciones de derecho público.

En su opinión, las propuestas de este órgano constituyen un estímulo para los responsables públicos, no sólo para el perfeccionamiento de la actividad legislativa, sino también para una mayor calidad de la praxis de la administración y el funcionamiento de los servicios públicos. Para el Griñán, sus recomendaciones y sugerencias al Gobierno y a las administraciones territoriales e institucionales "han jugado un papel extraordinario en la configuración de un modelo propio de hacer leyes", que prima la voluntad de negociación, diálogo y garantiza el derecho de participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de normas.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, ha indicado durante su intervención que esta institución trabaja "desde la plena independencia de criterio, desde la neutralidad política y desde la imparcialidad de todos y cada uno de sus integrantes". "Un órgano que está por encima de las partes y fuera de la contienda política, que ni postula iniciativas de gobierno alguna ni defiende posiciones de parte", ha indicado Cabo Bueso, quien ha recalcado que el Consejo se legitima en la salvaguarda de intereses estrictamente institucionales.

Ha manifestado además que esta institución ha ido poco a poco "divulgando una doctrina científica solvente que ha ido contribuyendo a la creación de las buenas prácticas administrativas, de los buenos procedimientos jurídicos y de las garantías de los ciudadanos ante las administraciones públicas". Ha puesto en valor el hecho de que cumple estrictamente con los plazos legales en el desempeño de su labor y que la resolución de los asuntos arroje una votación habitualmente por unanimidad de sus miembros.

"Esto es la expresión —ha añadido— de un excelente clima de entendimiento en el órgano, tanto jurídico como personal".

Entrega a griñán de la memoria de 2010

Previamente a este acto, Juan Cano Bueso hizo entrega al presidente de la Junta de la memoria de este organismo consultivo correspondiente al año 2010, en la que se recoge que de los 882 dictámenes emitidos, 747 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la Administración, 85 en sentido desfavorable y 50 han sido devueltos.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del Consejo Consultivo ha destacado como novedad en la memoria de 2010 la realización de una serie de dictámenes, en el marco de la reordenación del sector público andaluz, sobre las agencias públicas que el Gobierno ha ido creando, al amparo de la norma aprobada por el Parlamento.

En esos dictámenes, el Consejo ha tenido la oportunidad, con trazo fino, según ha señalado, de intentar conciliar bien la potestad de autoorganización que tiene, en virtud de sus potestades, el Ejecutivo para diseñar políticas públicas y organismos al servicio de las mismas, y que ello se haga respetando "los límites, las garantías y los controles constitucionales", y que el personal esté lo suficientemente integrado en esas agencias, de acuerdo a su estatus laboral o funcionarial.

Ha estimado que los decretos de la Junta sobre esta materia intentan conciliar razonablemente competencias que el Gobierno no puede dejar de ejercer, como la relativa a cómo se organizan los servicios públicos y la prestación de las funciones que tiene encomendada, con los controles, los límites y las garantías que impone la Constitución. Ha recordado que el Consejo Consultivo hizo una recomendación "muy contundente", en el sentido de que allí donde haya potestades públicas, éstas han de ser ejercitadas por funcionarios de carrera, y que no es posible la "intercambiabilidad", apuntando que es posible funcionarizar a personal laboral, pero no es posible laboralizar a personal que es funcionario.