La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha anunciado este miércoles que convocará a todas las comunidades autónomas que se han visto afectadas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condena a España por verter las aguas residuales de 38 zonas urbanas de más de 15.000 habitantes sin tratarlas previamente. La reunión tendrá el objetivo de fijar un compromiso y un calendario para solucionar el problema.

Así lo ha adelantado la ministra en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Olaia Fernández Davila durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, tras lo cual ha afirmado que el Gobierno dará así "respuesta a Europa, como no podía ser de otra manera, cumpliendo con la sentencia, desde la colaboración y la coordinación con las comunidades autónomas".

Según Aguilar, el Ejecutivo "no ha dejado de trabajar ni un solo momento" en lo que respecta a la depuración de aguas residuales, ya que de las 38 zonas urbanas señaladas en la sentencia, "ya hay 30 que ya tienen respuesta y que están en distintas fases".

En concreto, la diputada del BNG ha preguntado a la ministra si el Gobierno tiene previsto "agilizar los proyectos de depuración de aguas residuales en los nueve concellos de Galicia implicados, en especial en A Coruña, Santiago y Vigo".

"Ustedes dicen que van a cumplir la sentencia, pero ya en el año 2004 y 2005 hubo otra sentencia en relación con la ría de Vigo. Estamos hablando, desde el año 2000 en que se implanta la directiva, de 11 años en que no se han resuelto estos problemas", ha criticado.

Responsabilidad del estado

Aunque Fernández Davila ha reconocido que en esta cuestión están implicadas distintas administraciones, ha recordado que "la responsabilidad ante la UE es del Gobierno del Estado y por lo tanto es a quien le corresponde el máximo trabajo para acelerar estas cuestiones que desde la UE se exigen".

Además de señalar que las aguas de las rías gallegas afectadas "no están en condiciones medioambientales adecuadas", la diputada ha alertado de que estas rías "son ricas en marisqueo e inciden de manera fundamental en la economía del país y en los puestos de trabajo".

"De ahí que nos parezca mucho más grave la responsabilidad del Estado de tantos años sin resolver el problema. Estamos hablando de 11 años, de multas anunciadas de 20 millones de euros cada semestre si no se cumple. Desde luego es mucho más caro que afrontar las infraestructuras necesarias para resolver esta cuestión", ha explicado.

Competencia autonómica

Pero la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha subrayado que de las nueve zonas urbanas gallegas que señala la sentencia, "sólo cuatro son competencia de la Administración General del Estado", en las cuales, según ha asegurado, "se está actuando, hasta tal punto que la de A Coruña está terminada, la de Tui está finalizada y la de Vigo está en licitación".

Además, ha destacado la zona de Ourense, que no se menciona en la sentencia, pero sobre la que el 2 de marzo hizo "una propuesta a la Xunta de Galicia para firmar un convenio de cofinanciación porque hay voluntad política plena".

Al resto al que hace referencia la sentencia de la UE, según Aguilar, son "de competencia autonómica, según dice el anexo cuarto del Protocolo que se firmó en el marco del Plan Nacional de Calidad de Agua 2007-2015".