El Partido Popular ha denunciado este martes ante el Tribunal de Cuentas el caso de los expedientes de regulación de empleo supuestamente ilegales detectados por la Junta de Andalucía, un asunto que la portavoz parlamentaria 'popular', Soraya Sáenz de Santamaría, ha definido como un "máster de infracciones y de descontrol de los fondos públicos".

Sáenz de Santamaría y el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, han sido los encargados de presentar el escrito ante el órgano fiscalizador y lo han hecho arropados por un buen número de diputados y senadores 'populares', como Juan José Matarí, Rafael Merino, Rafael Hernando, Juan José Moreno, María del Mar Agüero, Rafael Salas o Jesús Caicedo, entre otros.

Tras registrar la denuncia, la portavoz parlamentaria y el 'número dos' del PP-A han explicado que pretenden "que se depuren las responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que debieran servir para pagar a trabajadores que hoy se ven dificultades".

Saénz de Santamaría y Sanz han dicho acudir a este tribunal "en defensa de los derechos de los andaluces" y han mantenido que a lo largo de su denuncia se pone de manifiesto el uso "fraudulento" de fondos públicos "sensibles" que debieran gestionarse con "mayor pulcritud" si cabe, pues son los previstos para pagar a trabajadores en situación crítica en sus empresas o para ayudar a éstas a "salir de la crisis".

Para la portavoz del PP en el Congreso, el caso de los ERE refleja "burdas infracciones contables" que se han hecho "sin procedimiento, sin expediente y sin cumplir la normativa, cambiándolas en ocasiones 'ad hoc' y produciendo una gran distorsión entre cómo deberían gestionarse y cómo la Junta se ha saltado normas, procedimientos, expedientes y la más mínima cobertura de legalidad".

Posible falsificación de los presupuestos

Por su parte, Sanz ha dicho que en la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas también se denuncian "desvíos presupuestarios" de más de 170 millones de euros y la "posible falsificación" de planes de actuación y del presupuesto de la Junta de Andalucía para "dar cobertura" a un procedimiento sobre el que la Intervención General alertó en siete ocasiones que "era irregular", ha recordado.

"Hemos pasado de un fondo de reptiles a un fondo reservado para socialistas", ha subrayado Sanz, que también ha incidido en que están "en cuestión" no solo los ERE y los intrusos sino 85 millones de euros de subvenciones "que se han dado de forma directa a ayuntamientos del PSOE y a empresas cercanas a los proyectos de éstos, sin publicidad y sin igualdad de oportunidades".

Sanz ha insistido en tildar el caso de los ERE del "mayor escándalo económico, político y social de la historia de la Autonomía de Andalucía" y ha acusado a la Junta de organizar "una trama" mediante un sistema de subvenciones directas con una empresa pública" para "escapar al control político".