El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, indicó hoy que la dirección general de Competencia de la CE envió el pasado viernes una carta al Gobierno español en la que le recuerda que debe respetar la "competencia exclusiva" de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.

Todd subrayó que Madrid no puede adoptar disposiciones respecto a la fusión de E.ON y Endesa sobre criterios de competencia, pero sí puede alegar la defensa del interés público, en cuyo caso las medidas deben ser proporcionales y cumplir la legislación europea sobre concentraciones.

La misiva, enviada el viernes a las autoridades españolas, no es una respuesta a la carta que el Gobierno español remitió ese mismo día a la CE en contestación a la petición previa de los servicios de Mercado Interior para que justificara el decreto-ley que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía y que le permitiría al Gobierno español pronunciarse sobre la opa de E.ON.

Recordatorio

Todd indicó que la carta de los servicios de Competencia no requiere contestación de Madrid, pues sólo es un "recordatorio" de su obligación de respetar la normativa comunitaria.

A la pregunta de cuándo debe comunicar el Gobierno español si pretende aprobar alguna medida, el portavoz dijo que "con el tiempo suficiente para que la Comisión pueda evaluar" las disposiciones.

Tras la notificación oficial por parte de E.ON de su proyecto de adquisición de Endesa, el pasado 16 de marzo, el Ejecutivo comunitario tiene de plazo hasta el próximo 25 de abril para decidir si la autoriza o si abre una investigación en profundidad.

"Nuestro calendario no está afectado por el calendario del Gobierno español", señaló Todd, quien apuntó, no obstante, que la comunicación de Madrid sobre si planea o no adoptar alguna medida debería llegar antes de que la Comisión decida si autoriza o no la operación.

Proporcionalidad de las medidas

El portavoz admitió que España puede aducir como argumento para defender el interés general la seguridad del suministro, pero entonces tendrá que demostrar la proporcionalidad de las medidas adoptadas y éstas tendrán que cumplir todas las exigencias del derecho comunitario, incluyendo la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, así como la no discriminación por razón de nacionalidad.

Las autoridades españolas tienen derecho a aprobar medidas, reiteró Todd, siempre que no se basen en argumentos de competencia, pues en ese ámbito la CE tiene "competencia exclusiva", concluyó.

Por último, respecto a la respuesta de Madrid a la demanda de los servicios de Mercado Interior de la CE para que clarifique el contenido del decreto-ley que refuerza la CNE, fuentes del Ejecutivo comunitario indicaron a EFE que "todavía estamos estudiándola".

Con retraso

El Gobierno español envió su respuesta a Bruselas el pasado viernes, una semana después de que concluyera el plazo dado por la CE y justificó ese retraso por la necesidad de que el decreto fuera aprobado por el Parlamento, que lo hizo el jueves.

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