La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) de Sevilla ha criticado que el Ayuntamiento hispalense no realice las correspondientes inspecciones sobre las casetas privadas en la Feria de Abril, una "dejación de funciones que son competencia municipal" y que, a juicio del colectivo, aumenta el riesgo de abusos e intoxicaciones alimentarias. Por esta razón, ha anunciado que acudirá al Defensor del Pueblo Andaluz, al que pedirá que emprenda actuaciones ante la dejación de responsabilidades del Ayuntamiento hispalense.

En un comunicado, Facua ha recordado que la práctica totalidad de las casetas privadas cuentan con establecimientos dedicados a la venta de comida y bebida, generalmente contratados con empresas hosteleras ajenas a los titulares de las mismas, que deben cumplir la normativa vigente.

Por ello, las administraciones deben asumir sus competencias de control para proteger los intereses económicos y sanitarios de los consumidores. En este sentido, la asociación considera "lamentable" que la corporación municipal "no asuma sus responsabilidades inspectoras sobre estos establecimientos en asuntos como el estado de conservación y manipulación de los alimentos que se comercializan o la existencia de listas de precios, hojas de reclamaciones y sus correspondientes carteles anunciadores".

Facua ha expuesto cómo recientemente se dirigió al alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a la edil de Salud y Consumo, Teresa Florido, para trasladarles su "preocupación" por esta falta de control que se repite cada año y reclamarles que asuman sus competencias y pongan en marcha las inspecciones sobre las casetas privadas. En su respuesta, Florido rechazó la petición de la entidad, señalando que la Delegación de Salud y Consumo "se limita a dar recomendaciones higiénico-sanitarias a los titulares de las casetas de naturaleza privada", y que sólo realiza inspecciones en las "de entrada libre".

"Florido señala que los titulares de las casetas privadas tienen plena autonomía para diseñar, organizar y gestionar, de la forma que más les interese, el servicio de comidas con el que van a contar", según Facua, que ha recalcado que existe un límite a la autonomía que tienen los titulares de las casetas y, en su caso, las empresas que contraten para operar en ellas, en relación al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de los derechos de los consumidores, que las administraciones son responsables de controlar.

La asociación ha recordado que el propio Ayuntamiento llegó a encargar un informe jurídico para confirmar que las casetas privadas tienen la obligación de cumplir la ley del tabaco, algo que Facua consideraba "obvio" por ser establecimientos abiertos al público, aunque puedan tener limitado el derecho de admisión a socios, amigos y familiares de los mismos.

"Curiosamente, el Consistorio pretende ahora utilizar argumentos contradictorios con las valoraciones incluidas en su informe sobre el tabaco para justificar que no tiene que realizar inspecciones en las casetas privadas con el objetivo de vigilar el cumplimiento de otras normas en materia de salud y protección de los consumidores", según los consumidores.