El supuesto cabecilla de una red dedicada a estafar a distribuidores y compañías de telefonía móvil en Valladolid, el indio Kumar N.C, y dos de sus presuntos lugartenientes, la argelina Farida L.C. y el también de origen indio Dinesh M, son los únicos de los nueve imputados que no han comparecido hoy en la Audiencia Provincial, donde se ha iniciado el juicio correspondiente para analizar lo acontecido en 2004 y el grado de participación de unos y otros en unos hechos que se tradujeron en pérdidas por importe global de 93.000 euros para sus víctimas.

El juicio se ha iniciado con dos horas de retraso, debido en primer lugar al fallido intento de las defensas y del Ministerio Fiscal de llegar a una sentencia de conformidad y posteriormente ante la solicitud de suspensión del proceso por parte de los abogados, que han justificado su postura en la incomparecencia de los tres citados imputados, el presunto cerebro, Kumar N.C, y sus dos supuestos secuaces, Farida y Dinesh, estos dos últimos en situación de búsqueda y captura y el primero a punto igualmente de ser declarado en rebeldía.

Rechazada la suspensión del juicio, decisión que contó con la aquiescencia del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, los primeros en prestar declaración han sido dos presuntos 'testaferros', el transportista español Pedro O.R. y la hostelera de origen cubano Clara Inés S.M, quienes han reconocido que en 2004 constituyeron las sociedades ficticias o fantasmas 'Bazar Gamma' y 'Bazar Clara', respectivamente, sin más pretensión que la de hacer un "favor" a Kumar N.C.

Ambas mercantiles, según entiende probado el Ministerio Fiscal, fueron utilizadas como tapaderas para la comisión de las estafas, ya que a través de ellas, que contaban con cuentas bancarias sin saldo, los acusados obtenían terminales de telefonía móvil de forma gratuita de distribuidores y compañías del ramo, con sus correspondientes líneas, y luego no sólo no pagaban las facturas por las llamadas realizadas sino que vendían los aparatos en el mercado negro a un precio inferior.

A este respecto, el primero de los acusados, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha alegado que un policía de barrio al que conocía y en quien confiaba le "mareó" para que suscribiera el contrato de constitución de la sociedad 'Bazar Gamma', con la única promesa de que a cambio obtendría 600 euros y un teléfono móvil. "El guardia me dijo que conocía a esta gente y que eran de confianza, y por eso me fié", ha apuntado Pedro O.R, quien ha añadido que de su relación comercial con el resto de acusados no sacó beneficio alguno, ni siquiera el dinero y el terminal telefónico prometidos.

En la misma línea, Clara Inés S.M, propietaria de un bar en La Rondilla, se ha declarado inocente y ha alegado que cuando contituyó 'Bazar Clara' lo hizo únicamente por hacer un favor a Kumar, quien era cliente asiduo de su local y en el que confiaba porque "llevaba una vida de empresario y tenía una tienda".

Por ello, la hostelera asegura que firmó los papeles "sin leerlos". A cambio Kumar le entregó tres teléfonos móviles, aunque poco tiempo después descubrió que había sido "engañada" y "estafada" cuando, según ha incidido, recibió una llamada de Amena en la que dicha operadora le reclamaba más de 2.000 euros por el servicio de las líneas.

El juicio proseguirá mañana y se prolongará, en principio, hasta el miércoles. El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, del que los seis procesados que comparten banquillo serían coautores, y solicita la mayor de las penas, cuatro años de cárcel, para Emiliano A.L, a quien aplica la agravante de reincidencia, mientras que para el resto, Pedro O.R, Clara Inés S.M, Bradeddin H.A y Gulabani V.G, interesa condenas de tres años y seis meses de privación de libertad.

Para los tres imputados que no han comparecido, Kumar N.C, Farida L.C. y Dinesh M, y que serán juzgados con posterioridad en el caso de que la policía dé con su paradero, la acusación pública solicitaba también penas de tres años y medio.

Además, la acusadora pública pide un conjunto de multas que se elevan a 39.420 euros, junto con la obligación de que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a los perjudicados con las cantidades estafadas, que superan los 93.000 euros, más lo intereses legales devengados desde la comisión del delito.