El que fuera copropietario del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, ha asegurado en calidad de imputado ante el juez instructor del caso Mar Blau que "jamás" ha pagado comisiones a cargos públicos a cambio de concesiones, y en particular en el marco del concurso convocado para la explotación de amarres del puerto de Mahón. "Eso es un disparate, jamás haría algo parecido. No lo he hecho nunca ni lo he consentido en cincuenta años como empresario", ha aseverado tajante.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, el encausado, propietario al cincuenta por ciento del conglomerado Trapsayates, se ha desvinculado del presunto amaño del anterior proceso para favorecer que su empresa resultase adjudicataria, si bien tenía constancia de las "presiones" que se estaban produciendo desde el entorno de otra de las mercantiles licitantes, el Club Marítimo de Mahón, "con el objetivo claro de alterar el resultado del concurso y, por supuesto, en detrimento de Trapsa".

Tras negar su supuesta participación en estos hechos, el empresario, sobre quien pesan entre otros los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración, coacciones y contra la hacienda pública, ha apuntado al entonces consejero delegado de Trapsa, Juan Manuel Domínguez -también imputado- como la persona que tenía autonomía "total" para gestionar y actual "al cien por cien" en Trapsa.

En esta misma línea, ha expresado su desconocimiento sobre el contrato firmado entre el CMM y Teinver -perteneciente a Trapsa- por el que la primera empresa debía ceder de forma presuntamente irregular a la segunda 13.500 euros y tres amarres valorados en 4,5 millones de euros, a cambio de que esta última se retirase del concurso, si bien finalmente resultó adjudicataria. "Es ridículo dar una concesión a cambio de tres amarres", ha incidido.

Cabe recordar que el otro propietario de Trapsa y ex presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ya prestó declaración como imputado el pasado 28 de marzo y en su comparecencia aseguró que no haber intervenido "para nada" en las negociaciones que se habrían llevado a cabo al margen del concurso del puerto de Mahón. (

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