El Tribunal Supremo ha confirmado la imposición de un conjunto de penas que suman dieciséis años de cárcel, cinco años menos de los veintiuno que globalmente había pedido el fiscal, para los nueve encausados por la estafa de la 'Joyería Renedo', quienes compartieron banquillo entre los días 27 de septiembre y 7 de octubre de 2010 bajo la acusación de haber ocasionado en 2008 a multitud de empresas del ramo de distintas partes de España un perjuicio económico cifrado en 1,5 millones de euros tras abrir cinco de ellos un establecimiento, hacer pedidos que no abonaron y, posteriormente, vender la mercancía con la colaboración del resto de condenados.

La resolución del Supremo desestima los recursos de las defensas y, por ende, da carta de naturaleza a la sentencia de la Audiencia de Valladolid, que en su momento impuso las penas más elevadas, tres años y medio y multas de 540 euros, al entonces matrimonio—hoy están separados—compuesto por Manuel S.B. y Lorenza G.P, el hijo de ambos, Amado S.G, y Pilar G.B, como autores de un delito continuado de estafa, con la obligación todos ellos, de forma conjunta y solidaria, de indemnizar a sus víctimas con las cantidades oportunas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Sus condenas, a excepción del cabeza de familia, Manuel S.B, para quien el fiscal había pedido seis años, son plenamente coincidentes con la petición de la acusación pública.

Además, otro de los acusados, Santiago G.R, tal y como había pedido el fiscal, fue condenado a diez meses y quince días de cárcel y al pago de una multa de 180 euros como cómplice de los anteriores en el delito continuado de estafa, aunque a éste se le aplicó la atenuante analógica de drogadicción.

Por último, los otros cuatro procesados, los hermanos Francisco y Rocío S.G.—son también hijos de Manuel y Lorenza—y las jóvenes Marcela G.H. y Adela R.G, esta última esposa de Amado S.G, fueron hallados responsables de un delito de receptación merecedor de una pena de seis meses, frente al año que les pedía el fiscal.

Los hechos se iniciaron a primeros de 2008, cuando el matrimonio compuesto por Manuel S.B. y Lorenza G.P, de 61 y 48 años, y de acuerdo con su hijo Amado S.G, de 29 años, decidieron crear ficticiamente un negocio de joyería con el objetivo de hacerse con la propiedad de joyas de gran valor.

Así, alquilaron un local ubicado en la calle Renedo de Valladolid que abrieron de forma temporal durante el tiempo imprescindible para llevar a cabo sus intenciones, según el escrito de calificación provisional del fiscal recogido por Europa Press.

Para ejecutar el plan contactaron con Santiago G.R. y Pilar G.B. y, en febrero de ese año, se alquiló el local, se creó la sociedad Joyerías Placentinas, de carácter unipersonal, a nombre de Santiago y se abrió una cuenta bancaria, todo ello "con el fin de dar apariencia de legalidad y seriedad y generar confianza en los joyeros de los que pensaban obtener las joyas", según mantiene el fiscal.

Con el mismo fin, los ahora condenados constituyeron 'Joyería Renedo, S.L', cuya administradora única era Pilar G.B, y se procedió a abrir otra cuenta bancaria en la que ella figuraba como titular con el objeto de girar contra ésta los pagarés y documentos de pago generados en sus transacciones comerciales, sin que en momento alguno tuvieran intención de hacer efectivos, al carecer de fondos.

Todo apariencia

Para acondicionar el local de la calle tercero y ofrecer ante terceros la apariencia de un negocio con actividad, los acusados encargaron la realización de obras, mobiliario y material necesarios que tampoco tenían intención de pagar, sino que sólo hicieron efectivas las cantidades imprescindibles para garantizar la realización de los trabajos por parte de las empresas contratadas, un total de siete a las que se dejaron a deber más de 30.300 euros.

Durante el tiempo en el que se llevaban a cabo las obras de acondicionamiento del local alquilado, los acusados Lorenza, conocida como 'Enza', y su hijo Amado, que se hacía llamar 'Fernando', acompañados por Pilar, acudieron a Iberjoya, que se celebró en Madrid en los meses de septiembre y octubre de 2008, y se presentaron a numerosos joyeros que allí exponían su mercancía.

Los acusados mostraban su interés en la adquisición de piezas para una joyería que proyectaban abrir y entregaban las correspondientes tarjetas y solicitaban la visita en su establecimiento de comerciales de varias firmas, a los que en entre septiembre y diciembre de 2008 realizaron importantes compras que abonaron con pagarés firmados por Pilar contra la cuenta bancaria titularidad de ésta, que no contaba con fondos, y con fechas de vencimiento a partir del 27 de diciembre y fechas sucesivas.

Así se apropiaban de las joyas que eran entregadas por los empresarios en virtud de la confianza generada. Algunas de las joyas fueron entregadas en calidad de depósitos para su exposición. De esta forma, lograron hacerse con mercancía de diferente valor de unas 40 empresas diferentes.

En diciembre de 2008 parte de los acusados cerraron por sorpresa la joyería y se dieron a la fuga con todo el material existente en el local en ese momento, tanto las joyas como ordenadores, cámaras de seguridad, así como los vehículos. Pilar regresó a la joyería el 29 de diciembre y se encontró con que la misma había sido cerrada y que los demás acusados habían desaparecido con, al menos, una parte del botín.

Tras meses de investigación, la Policía logró identificar y detener a Manuel S.B. y Lorenza G, en cuyos domicilios, en Arroyomolinos y Fuenlabrada (Madrid), se hallaron numerosas joyas procedentes de estos hechos.

Después de cerrar el establecimiento, los acusados Manuel, Lorenza y Amado procedieron a la venta del botín, actividad en la que recibieron la ayuda de Francisco S.G, Rocío S.G, Marcela G.H, esposa de Amado, y Adela R.G.