El comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha elevado a la Inspección de Trabajo una denuncia en la que advierte de una "vulneración de las libertades sindicales" ante la "falta de entrega" por parte de la Dirección General de la lonja, encabezada por Juan Carlos Recio, en lo que se refiere al documento correspondiente al plan de viabilidad que habría pergeñado esta sociedad mixta participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Y es que los representantes de los trabajadores temen que dicho plan contemple la privatización o externalización de los servicios actualmente prestados por el mercado central.

El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), había informado ya a Europa Press de que el pasado 6 de abril, el máximo órgano sindical de la compañía acordó emprender acciones judiciales al objeto de tener acceso a la documentación oficial relativa a este "plan de viabilidad" que los representantes de los trabajadores ya han reclamado al presidente de la sociedad mixta, el concejal socialista Alfonso Mir. Mercasevilla, como es sabido, ha cerrado el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja ha sido facultada por la comisión ejecutiva para "llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia".

Porque además de sus pérdidas, la sociedad mixta afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros como consecuencia del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al que se adhirieron 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas al haberse desligado la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento pese a las alusiones que la documentación del ERE contiene señalando a este departamento como principal fuente de fondos.

Mir y las posibles externalizaciones

Mientras los sindicatos temen una posible externalización de servicios dentro de las medidas contempladas en el mencionado plan de viabilidad, Alfonso Mir tranquilizaba recientemente al comité de empresa señalando que el deseo del Consistorio "no es privatizar", según había dicho Rafael Domínguez tras el encuentro celebrado entre el presidente de la lonja y el comité de empresa.

De cualquier modo, esta denuncia fue entregada en la Inspección de Trabajo el pasado 13 de abril y recuerda la publicación de "informaciones relativas a la aprobación de un plan de viabilidad por parte de la comisión ejecutiva" del mercado central de abastos, recordando que se trata de "información esencial" que el comité de empresa "tiene derecho" a consultar o recibir. A tal efecto, esta denuncia recogida por Europa Press invoca el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que señala que el comité de empresa "tiene derecho a ser informado y consultado sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma".

Aunque la denuncia señala que Alfonso Mir negaba, en un escrito fechado el 26 de enero de 2011, la aprobación de un plan que contemple "una reducción traumática o no consensuada de la actual estructura de personal", el concejal socialista sí habría reconocido "la puesta en marcha de mecanismos de contención del gasto y estudios de costes, incluyendo el capítulo de personal" del mercado central de abastos. Dada la "falta de información" al respecto y "falta de entrega" de la documentación relativa a estas medidas y al citado "plan de viabilidad", el comité de empresa denuncia ante la Inspección de Trabajo una "vulneración" de la libertad sindical y reclama que la compañía sea obligada a "poner inmediatamente a disposición" de los sindicatos esta información.

El ere de 2007

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, como es sabido, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a las irregularidades detectadas en la anterior gestión de la lonja a manos de los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados en las diferentes líneas de investigación promovidas por la juez Mercedes Alaya, que de hecho indaga las prejubilaciones fraudulentas introducidas en este procedimiento y en el ERE de 2003.