El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo por el que se autoriza la contribución de 3.022.790 euros a la subvención de los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz para 2011.

A propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el Gobierno ha dado luz este crédito que se aplicará en los ayuntamientos de las comunidades autónomas que no tienen transferida la provisión de los medios materiales y económicos para el funcionamiento de esta Administración. Así, el fondo será distribuido en las Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la región de Murcia.

De esta forma, no será de aplicación en los ayuntamientos de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos reales decretos sobre esta materia.

El acuerdo ha recibido el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que da cumplimiento al mandato del artículo 52 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, contempla esté crédito.

El módulo para la distribución de las subvenciones a los ayuntamientos es el de población de derecho de cada municipio, por lo que los tramos establecen una cuantía anual de 465 euros para las localidades con hasta 499 habitaciones; de 858 para los que cuentan con hasta 999 residentes; de 1.610 para aquellos que registran hasta 2.999; de 2.311 euros para los que tienen entre 3.000 y 4.999 habitantes; de 2.857 para los municipios con hasta 6.999; y con 3.306 euros para los ayuntamientos con una población superior a los 7.000 ciudadanos.

Este acuerdo establece que los ayuntamientos de los municipios integrantes de cada una de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz (constituidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Demarcación y Planta Judicial) percibirán el 50 por ciento de la cantidad que, por población de derecho, les corresponda, de acuerdo a la Ley 39/1992 de Presupuestos Generales del Estado para 1993.

El 50 por ciento restante pasará a incrementar la cantidad que, en función de su población de derecho, corresponda a los ayuntamientos sedes de las citadas agrupaciones.

El acuerdo será publicado en una Orden Ministerial y después el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y mediante el sistema de pagos masivos, remitirá las subvenciones a los ayuntamientos de las comunidades autónomas que no tienen traspasadas las funciones de la Administración del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.