En Andalucía, según informa el departamento de José Juan Díaz Trillo en una nota, están afectadas por el régimen del comercio de derechos de emisión 173 empresas, de las cuales 37 instalaciones son de cogeneración, las que emitieron el pasado año a la atmósfera un total de 3.090.088 toneladas de dióxido de carbono, el 13,1 por ciento de los gases de efecto invernadero que se emitieron en Andalucía en 2010.

En la celebración de este encuentro, inaugurado por el director general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, José Fiscal, colabora la empresa andaluza Inerco. Las empresas andaluzas autorizadas para la emisión de CO2 a la atmósfera deben someterse a un seguimiento anual por parte de la Consejería, que les exige la presentación de un informe verificado con el objetivo de controlar la emisión de este tipo de gases.

Estos controles se realizan a través del análisis y seguimiento de los combustibles y materias primas utilizadas. Asimismo, Medio Ambiente desarrolla de forma continuada inspecciones para que todas las empresas con este tipo de instalaciones dispongan de la autorización correspondiente y cumplan también con los requisitos establecidos en la normativa vigente en esta materia.

Para solicitar la asignación de derechos de emisión de gases a la administración central, que es la que ostenta la competencia, es condición necesaria para las empresas afectadas tener la autorización de emisión que concede la Junta de Andalucía.

El objetivo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de gases de efecto invernadero es que cada instalación cumpla con el objetivo específico que le marca su asignación, ya que la emisión de CO2 por encima de los asignado supone tener que comprar derechos en el mercado, y la emisión por debajo de los asignado permite poder vender los derechos sobrantes.

Esta posibilidad de comprar y vender derechos en los mercados de carbono es la característica principal del régimen de comercio, que por otra parte permite que se cumplan los objetivos de reducción de emisiones de la industria establecidos a nivel europeo, dado que la cuota de emisión global europea, repartida por estados miembros, no puede rebasarse.

La emisiones de gases de efecto invernadero de un país se dividen en dos grandes grupos, las emisiones de CO2 de las instalaciones industriales afectadas por la directiva europea que regula el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y el resto de emisiones que constituyen el sector difuso. En este sector están incluidas las emisiones procedentes de otras actividades industriales, el sector agrario, el sector residencial, institucional y comercial, el tratamiento de residuos y el más importantes de todos el sector del transporte.