Han tenido que pasar el equivalente a dos legislaturas, 95 meses, casi 3.000 días, para que la justicia se acuerde de Ana Belén Hernández.

El coma que la mantiene postrada en una cama, donde le cambian los pañales y la alimentan por una sonda desde 1998, no es, al parecer, un asunto urgente.

Ocho años han tardado en fijar la fecha de la vista, que será el 10, 11 y 12 de mayo en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Alcalá de Henares.

Su abogado, Jesús Miana,  intentará demostrar que la  descarga eléctrica que paró durante un momento el corazón de Ana Belén se produjo porque los diferenciales de Plásticos El As estaban puenteados, los trabajadores usaban varillas de latón para desatascar las máquinas y no tenían botas ni guantes aislantes.

Además, compañeros de la joven testificarán que la empresa cambió los diferenciales antes de llegar la Guardia Civil.

Piden hasta cinco años de cárcel

El fiscal, que acusará al propietario de la fábrica de plásticos donde trabajaba Ana Belén de un delito de lesiones imprudentes y otro contra el derecho de los trabajadores, pedirá 3 años de prisión, una inhabilitación de otros 3 para administrar sociedades, una multa de 12 euros diarios durante 10 meses y el pago una indemnización de 1,5 millones de euros.

La acusación particular eleva la petición a 5 años de cárcel, una multa de 30 euros diarios durante seis meses y una indemnización de 3,8 millones.