La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) ha construido y comercializado desde 2008 un total de 12.033 viviendas protegidas en diferentes regímenes por la Consejería de Obras Públicas, según ha destacado en comisión parlamentaria la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, quien ha resaltado la "rentabilidad económica y social" de la actuación de la empresa pública.

La consejera ha precisado que además otras 3.271 VPO de nueva planta tanto en venta como en alquiler han sido calificadas provisionalmente, una autorización que permite desarrollar las obras.

Ha resaltado que la empresa pública "tiene retorno económico pero buscando la rentabilidad social, pero su actividad es rentable económicamente para que no se cargue su actividad sobre el presupuesto de la Comunidad".

Durante su intervención, Cruz ha abordado las diferentes líneas de trabajo que desarrolla EPSA. En ese sentido, la titular de Obras Públicas ha asegurado que la empresa pública posee una cartera de suelo de 400.000 metros cuadrados, adquiridos para la construcción de inmuebles protegidos. Ha precisado que en la actualidad, se encuentran en marcha, en diferentes fases de desarrollo, 302 actuaciones de suelo residencial con capacidad para promover 45.490 VPO y de ese volumen ya está en fase de comercialización terreno para 4.700 inmuebles.

Asimismo, la consejera ha indicado que en la Comunidad existe un parque público de viviendas en alquiler que se sitúa en 77.726 viviendas, sobre las que se efectúan actuaciones de mantenimiento y reparación, regularización de los residentes, con el fin de que el adjudicatario "suscriba un contrato de arrendamiento con EPSA para normalizar la ocupación del inmueble y de cobro de las rentas".

Por otro lado, ha explicado que en los diferentes planes de vivienda la preferencia por la construcción de VPO en régimen de venta "se ha ido invirtiendo a favor de otras tipologías relacionadas con la VPO en arrendamiento, como son el alquiler de renta básica, el alquiler con opción a compra de régimen especial y de régimen general o los alojamientos protegidos, además de las VPO en alquiler con opción a compra para jóvenes y alojamientos protegidos para universitarios". Estas figuras se completan con las destinadas a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión.

En ese sentido, ha señalado que en el IV Plan de Vivienda 2003 y 2007 el 19,2 por ciento de las VPO calificadas, lo que equivale a 13.060, fueron en alquiler. En cambio, en los tres años transcurridos del actual Plan Concertado 2008-2012 el 23 por ciento de las calificaciones provisionales concedidas, es decir 10.799 viviendas, optaron por los programas de arrendamiento.

La consejera ha resaltado que "esa evolución de casi cinco puntos ha ido acompañada de un incremento significativo de la participación del sector privado en la promoción en general de VPO y sobre todo en el régimen de alquiler", de forma que "si en el IV plan el 46 por ciento de las VPO fueron promovidas por el sector privado y el 54 por ciento por el público, en el actual plan, el 71 por ciento de VPO promovida corresponde al sector privado y el resto al público".

Esa apuesta de las empresas privadas por la VPO en alquiler viene motivada porque ésta "es una actividad refugio ante la crisis en el sector de renta libre y además denota la rentabilidad que la VPO supone para el sector público y para el privado".

Cruz ha destacado además que en tres años de marcha de este último plan "a pesar de la crisis económica, se han calificado 46.721 viviendas, cifra que supera a las calificadas en el anterior plan de las que más de un 20 por ciento van para alquiler".

La titular de Obras Públicas también ha precisado que hasta finales de 2010 se han adaptado en Andalucía al programa de alquiler con opción de compra un total de 3.455 viviendas calificadas previamente en venta. También se ha referido a la preferencia por el arrendamiento que muestran los promotores en la reconversión de viviendas libres a protegidas para favorecer su comercialización. En ese sentido, más del 50 por ciento de los 4.585 inmuebles que se han acogido a esta iniciativa han optado por los regímenes de alquiler.

Asimismo, ha destacado los convenios alcanzados con 3.252 comunidades de vecinos en estos años, "de los que se benefician hasta 46.618 viviendas".

Críticas de la oposición

Por su parte, la diputada del PP Alicia Martínez ha asegurado que EPSA "sólo ha iniciado la construcción de 66 VPO en 2010" y ha advertido de que la empresa pública "está totalmente endeudada".

"Cada vez le transfiere más competencias y EPSA a su vez cada vez se endeuda más", se ha lamentado la diputada popular, para la que "en plena crisis, cuando los bancos no dan financiación y cuando se ha aprobado la Ley del Derecho a la vivienda, EPSA no cumple los objetivos prometidos a los andaluces".

Tras lamentar que el Plan Concertado de Vivienda "se queda sin financiación y se han recortado ayudas", Martínez ha indicado que "todas las medidas no han servido para que el precio de la vivienda se reduzca".

Además, ha agregado que el número de VPO promovidas por EPSA que obtuvo calificación provisional en 2010 "tan sólo fue de 315, lo que supone que sólo el 3,6 por ciento de las calificadas provisionalmente en el pasado año fue promovida por la Junta; la promoción de VPO por EPSA se ha reducido en un 73 por ciento con respecto a 2009 y en un 82 por ciento en relación con 2008".

Ha lamentado que EPSA "sólo ha promovido el uno por ciento de las 30.000 VPO que se deberían haber calificado provisionalmente en el 2010 para cumplir los objetivos de VPO del Plan Concertado".

En cuanto al número de VPO promovidas por EPSA con calificación provisional en los años 2008, 2009 y 2010 fue de 3.267, lo que supone que "sólo el 6,9 por ciento de las VPO calificadas provisionalmente en 2008, 2009 y 2010 fue promovida por EPSA", tras lo que ha agregado que en esos tres primeros años del pacto "EPSA sólo ha entregado 1.477 VPO, un 0,5 por ciento de las 300.000 VPO prometidas".

Martínez ha lamentado los "retrasos" en el pago de las ayudas al alquiler a jóvenes y ha criticado que EPSA "se caracteriza por la falta de transparencia y la externalización de contratos, así como la fragmentación de los mismos para adjudicar a una misma empresa".

Asimismo, ha lamentado la "pasividad" de EPSA en la gestión y conservación del parque público de viviendas, que "está provocando situaciones de abandono y vandalismo" ante la "poca atención a ese parque público" y ha criticado la "externalización de la gestión de la regularización del parque, con el objetivo de la venta de viviendas, mecanismo que le permita hacer caja y que le aparta de una política social de vivienda en alquiler". Además, ha criticado los "retrasos y ausencia de resultados" en el área de rehabilitación concertada, o la permanencia de asentamientos chabolistas como El Vacie en Sevilla.

Por su parte, el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien lamentó que en los últimos años, previos a la crisis, "se construyeron viviendas no para vivir sino para especular" y recordó las "grandes esperanzas e ilusiones depositadas en la Ley de Derecho a la Vivienda, pero se quedó en un dictado de buenas intenciones".

Sánchez Gordillo ha apostado por la autoconstrucción y ha abogado por "otra filosofía de la vivienda, la vivienda como un derecho, lo que significa cambiar lo que hay y apostar por el derecho a la vivienda como uso, pero sin derecho a especular". Además ha recordado que ya ha pedido una nueva Ley del Suelo y pide que "se ponga coto a la proliferación de edificios vacíos, así como mayor facilidad burocrática para los PGOU".