El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha aseverado este lunes que "no va a consentir que maniobras torticeras" de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía "traten de intimidar" a la juez Mercedes Alaya.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha subrayado que no permitirá que tanto la Administración autonómica como el Ministerio Público traten de "emponzoñar un proceso que lo único que persigue es luchar contra la corrupción y defender el estado de derecho", todo ello después de que se haya conocido que tanto el letrado de la Junta como el fiscal se han opuesto a que la juez pueda revisar las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad.

"Los informes de la Fiscalía Anticorrupción y del letrado de la Junta de Andalucía merecen un análisis y respuesta, de cara a que la sociedad tenga un conocimiento veraz y fiel del escándalo de corrupción", según ha proseguido el sindicato Manos Limpias, que ya elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 en el que se oponía a la solicitud de inhibición por conflicto de jurisdicción planteada por la Junta después de que la juez le solicitara las actas de los Consejos de Gobierno.

En este escrito, el sindicato interesó que, en el caso de que la Junta "inste el conflicto negativo de jurisdicción", por parte del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo (TS), "se imponga de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/1987 la multa que corresponda a la Junta por su manifiesta temeridad y mala fe, obstaculizando el normal funcionamiento de la Justicia", todo ello, además, "con expresa condena en costas".

Manos Limpias argumentó que la solicitud de la Junta "es manifiestamente temeraria, planteada desde la mala fe y con objetivos dilatorio, de separar a la magistrada y, en definitiva, de impedir que se sepa la verdad", aseverando por todo ello que la actuación procesal de la Junta "es más propia de una acusada que no de una perjudicada". "Los hechos que se están investigando en las presentes diligencias no tienen precedente alguno en la historia de la nación española ni en la de la comunidad autónoma de Andalucía", apostilló.

Delitos "gravísimos"

Asimismo, el sindicato consideró que se están investigando delitos "gravísimos" y unos hechos que "deben ser investigados con la máxima rigurosidad", y a ello "debería de cooperar la Junta a través de sus máximos representantes, pero resulta evidente que no es así, a pesar de las declaraciones mediáticas", todo ello al tiempo que señaló que la actitud de la Junta "resulta incoherente con la condición de parte perjudicada".

Al hilo de ello, dijo que "resulta obvia la obligación de aportar las actas de los Consejos de Gobierno requeridas, y consiguientemente la jurisdicción que la magistrada tiene para requerirlas". "Resulta lógico, a todas luces, que no se quiera aportar las actas en los términos requeridos" por la juez Alaya, sentenció.