Francisco de Paula Hernández Diánez, vecino de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y prejubilado en la sociedad anónima laboral 'Saldauto' pese a no formar parte de su plantilla, ha declarado a la Policía Judicial que el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero "prometió darle un trabajo" en una de las "diversas reuniones" celebradas con él en su despacho por "mediación de un amigo común". Guerrero, como es sabido, es una pieza clave en la investigación del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre las supuestas prejubilaciones fraudulentas descubiertas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

A tal efecto, uno de los expedientes de regulación de empleo incluidos en esta investigación fue promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' y, según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, gracias a él accedieron a la prejubilación tres personas que no formaban parte de la plantilla. Se trata, en concreto, de Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y de Francisco de Paula Hernández Diánez.

"por un amigo común"

Francisco de Paula Hernández Diánez, de quien se ha desligado en su declaración el ya imputado Francisco Javier Guerrero, prestó de su lado el pasado 9 de marzo declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial, que le tuvo por detenido por un presunto delito de tráfico de influencias. Francisco de Paula Hernández Diánez, en este sentido, ha dicho a los investigadores que conoció a Guerrero "por mediación de un amigo común" cuando el aludido estaba aún al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y él mismo se encontraba en situación de desempleo.

Después de "diversas reuniones" en el despacho de Francisco Javier Guerrero, siempre según el relato de este detenido, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social "prometió darle un trabajo", firmando posteriormente en unas dependencias de la empresa de previsión social Vitalia Vida "una póliza". En efecto, este hombre figura como persona "asegurada o protegida" en un certificado individual incluido en la póliza de seguro de rentas que 'Saldauto' promovía como tomador a cuenta del expediente de regulación de empleo tramitado entonces.