La Oficina de Control Presupuestario del Parlamento andaluz, órgano encargado del asesoramiento técnico de los órganos de la Cámara en estas materias, ha recibido un total de 146 consultas y solicitudes de información de los grupos políticos desde su creación en 1997, coincidiendo con el inicio de la V Legislatura.

Según datos oficiales del Parlamento andaluz consultados por Europa Press, el PP es el grupo político que ha hecho más uso de esta Oficina en sus diez años de funcionamiento, con un total de 124 consultas, lo que representa el 84,9 por ciento del total, seguida por IULV-CA, con 21 —el 15,4 por ciento—.

Por su parte, el PSOE ha registrado una sola solicitud de información a la Oficina de Control Presupuestario, en noviembre de 1998, relativa a los datos correspondientes a impuestos indirectos y precios públicos, mientras que el PA nunca ha recurrido a esta vía información que ofrece el Reglamento durante el tiempo en que ha contado con representación en la Cámara.

La práctica totalidad de las consultas de los grupos se interesan por la ejecución presupuestaria de la administración autonómica hasta una fecha concreta, precisando datos en ingresos como la previsión inicial, la previsión definitiva, los derechos reconocidos netos y la recaudación neta; así como en gastos, como el crédito inicial, el crédito definitivo, las obligaciones reconocidas y los pagos realizados a nivel de aplicación económica.

En la actual legislatura, la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento ha recibido 25 consultas, todas ellas del Grupo Popular. Según establece el artículo 62 del Reglamento, este órgano, dependiente de la Secretaría General del Parlamento, tiene como primera función asesorar técnicamente a los órganos de la Cámara en materias presupuestarias.

Junto a ello, la Oficina también debe "informar a los Grupos parlamentarios y a los miembros de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre la documentación que se reciba en la Comisión acerca de la aprobación y ejecución de los mismos, nivel de ejecución de las inversiones y aplicación y ejecución de los fondos europeos, así como sobre aquellos aspectos de la actividad parlamentaria que tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos".