Los juzgados de Valladolid condenaron en tres ocasiones a lo largo del mes de marzo a Sacyl a pagar 96.600 euros por los gastos de farmacia que tuvieron que abonar los padres de tres niños a los que se les denegó el tratamiento con hormona del crecimiento.

El Defensor del Paciente, en un comunicado recogido por Europa Press, calificó de "irresponsable" e "intolerable" la actuación de la Junta de Castilla y León en esta materia en la que "tras múltiples sentencias" durante el pasado mes de marzo se vuelve a condenar en tres ocasiones a Sacyl.

La primera de las sentencias, de 8 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid, condena a Sacyl a abonar 38.269 euros a J.J.Z.O. y M.A.D.A. en concepto de restitución de los gastos de farmacia en hormona de crecimiento efectuados en beneficio de su hijo.

Asimismo, otro fallo de misma fecha y del mismo juzgado vuelve a condenar a la administración sanitaria a pagar 36.496 euros por el tratamiento prestado a otro menor por el mismo concepto.

Además, el Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid, mediante sentencia de fecha 25 de marzo de 2011, ha condenado por tercera vez en un mes al Sacyl a indemnizar con 21.861 euros a J.L.H. y A.I.F. por el tratamiento prestado a su hija.

En los tres casos, los padres de los niños acudieron a la Asociación El Defensor del Paciente para denunciar los hechos y ahora las sentencias reconocen que los tres menores padecían desde su nacimiento un déficit en el crecimiento, situándose por debajo de los percentiles de peso y talla.

Denegación del tratamiento

Tras solicitar el tratamiento con hormona del crecimiento por facultativos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, éste fue denegado varias veces por el comité asesor, encargado de la aprobación de que este medicamento sea sufragado por la sanidad pública.

Ante esta negativa, el inicio del tratamiento con hormona de crecimiento, hubo de ser sufragado en su totalidad por los padres de los pacientes.

"Una vez más se reconoce que el tratamiento prescrito, no encontrándose excluido de la financiación por el sistema público de seguridad social, y obedeciendo su prescripción a los criterios esenciales sobre el uso racional de este tipo de prestaciones sanitarias, debe ser cubierto por el sistema público de salud", apuntó la Asociación.

Estas sentencias, al igual que las anteriores, establecen que son los facultativos los que han de prescribir los tratamientos médicos y farmacológicos que estimen oportunos, con los criterios de racionalidad, sin estar excluida su financiación por el sistema público de seguridad social, independientemente de su aprobación o no por comités asesores de ciertos medicamentos.

En el caso de uno de los menores, esta es la segunda vez que la familia se ha visto obligada a acudir a los tribunales en defensa de sus intereses, dado que el Sacyl, a pesar de haber sido condenado a sufragar el coste del tratamiento, no ha asumido el pago de la totalidad del mismo, indicó la Asociación.

El Defensor del Paciente explicó que a pesar de las "reiteradas" sentencias favorables a los derechos de los pacientes en casos similares, incluso al pronunciamiento del Tribunal Supremo, Sacyl sigue oponiéndose al reintegro de gastos por este tipo de tratamiento y "obligando a los padres de los pacientes a acudir los tribunales en defensa de sus intereses".

La defensa de los niños necesitados de la hormona del crecimiento, ha sido tramitada por el letrado Santiago Díez Martínez, especialista en derecho sanitario y adscrito a los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente.