El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid acordó dictar sentencia absolutoria en el caso del empresario 'piñonero' de Mojados J.C.A, contra quien dos asociaciones de profesionales del sector se querellaron tras asegurar que el día 7 de febrero de 2009 había sido visto cargando piñas "indocumentadas" en el término de Manzanillo.

En la causa, finalmente, tan sólo intervino como parte acusatoria la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (Acepi) y la Asociación Forestal de Valladolid (Asfova), ya que el Ministerio Fiscal secundó la petición absolutoria formulada por la defensa al no encontrar indicios delictivos en la conducta del imputado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Pese a ello, ambos colectivos mantuvieron para el empresario de Mojados su petición de dos años de cárcel y multas por importe de 11.500 euros por delitos de receptación, estafa procesal y falsedad, junto con su inhabilitación especial por espacio de tres años y cinco meses para el oficio de compra-venta de piñas y piñones y la clausura de su establecimiento por igual periodo de tiempo.

Sin embargo, la juez, ante la cual el imputado aseguró que la mercancía la había adquirido legalmente, se inclinó por una sentencia absolutoria tras aplicar al empresario el principio 'in dubio pro reo'.

"se han inventado una película".

En su día, el ahora absuelto aseguró que los responsables de las dos asociaciones que se habían querellado contra él se habían "inventado toda una película" por el simple hecho de que es uno de los empresarios que más producto ha recolectado en los últimos años, "trabajando honradamente, y parece que sólo pueden ellos bajar piñas", advirtió.

En la querella que presentaron Acepi y Asfova contra J.C.A, propietario de un almacén en Mojados y dedicado al sector piñonero, se detallaba que sobre las 10.00 horas del 7 de febrero de 2009 fue visto a bordo de un camión conducido por otra persona mientras cargaba piñas, sin autorización, en el término de Manzanillo, cerca de Peñafiel.

Miembros de Acepi, asociación con sede en Pedrajas de San Esteban, informados de la situación, pusieron en alerta a la Guardia Civil de distintas localidades y siguieron al camión sospechoso hasta su llegada a un almacén, propiedad del querellado, en Mojados.

Interrogado por el delito de receptación, el empresario alegó ante los agentes que las piñas en cuestión las había cargado en un pinar de la urbanización El Montico, en Tordesillas, y que contaba con autorización para ello, si bien el camionero que le acompañaba reconoció que la carga la habían recogido en la zona de Peñafiel.

Los otros dos delitos que se le imputaban, estafa procesal y falsedad, estaban relacionados con el supuesto intento del empresario de alterar los libros en los que se recogen las entradas y salidas de piñas, documentos que impone la Consejería de Agricultura a los agentes que operan en el sector para evitar su comercialización ilegal.

Guerra contra la oleada de robos.

La querella de ambas asociaciones se enmarca en la lucha que las mismas vienen manteniendo desde hace años, con especia relevancia en la pasada campaña, en la que llegaron a manifestarse y a entrevistarse con distintas autoridades políticas, a fin de evitar la oleada de robos de piñas registrada en pinares y almacenes.

Gracias a las presiones de ambos colectivos, la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente, aprobó en 2008 varias normativas para regular el aprovechamiento de la piña y sobre la trazabilidad para su producción, transformación y comercialización, lo que impide operar en el sector a todo aquel que carezca de un documento de calificación empresarial.