Representantes del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía han adoptado un nuevo acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación por el que se amplía hasta el próximo mes de septiembre el plazo de negociación para resolver las "discrepancias" expresadas por la administración central respecto a la creación de un impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de diciembre, de forma que el Gobierno central no recurra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

Así lo decidió el pasado 8 de marzo la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, que dio luz verde al inicio de las negociaciones y designó a un grupo de trabajo encargado de "proponer" a la citada Subcomisión "la solución que proceda" para superar las discrepancias en relación con el artículo sexto de la Ley de la Comunidad Autónoma 11/2010 de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que recoge la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios en Andalucía.

Este acuerdo, firmado por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y consultado por Europa Press, ya ha sido comunicado al Tribunal Constitucional (TC), lo que amplía de tres a nueve meses el plazo en el que el Gobierno central estaría habilitado para plantear un eventual recurso contra la norma autonómica.

El gobierno ya recurrió el mismo impuesto en extremadura

Dado que la Ley 11/2010 data del pasado 3 de diciembre, dicho plazo concluye el próximo mes de septiembre. Se da la circunstancia de que el Gobierno de la Nación decidió recurrir la creación de un impuesto sobre depósitos bancarios en Extremadura, que la aprobó en 2001 bajo la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El nuevo impuesto aprobado por la Junta de Andalucía prevé gravar los depósitos bancarios con un 0,3 por ciento hasta 150 millones de euros; un 0,4 por ciento hasta 600 millones y un 0,5 por ciento para más de 600 millones. Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 prevén recaudar 132 millones por este concepto.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, dio por hecho el pasado día 10 de junio que el Gobierno central recurriría ante el TC la creación del impuesto sobre depósitos bancarios en Andalucía por coherencia con la norma que mantiene recurrida en el caso de Extremadura, aunque no prevé que ello suponga problemas para su aplicación porque ya está en vigor en aquella comunidad.

Al día siguiente, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, marcó distancias con esta medida al advertir que hay que evitar la "segmentación" y "distorsión" del mercado financiero imponiendo tasas autonómicas a los depósitos en las entidades de crédito, si bien respaldó la competencia de las comunidades para "hacer lo que quieran" en materia fiscal siempre que cumplan con los objetivos de reducción del déficit público.

García garrido veía posible un acuerdo

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, manifestó a principios de febrero que veía "posible" que la "negociación" abierta con la Junta en relación con el impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito aprobado por la Junta culmine con un acuerdo que evite la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de la administración central.

En una entrevista concedida a Europa Press, García Garrido aseguró entonces que Gobierno central y Junta de Andalucía "estamos trabajando, negociando y viendo las necesidades de acercamiento" en relación con este asunto y dejó claro que "la voluntad es resolverlo, aunque cada gobierno defiende su interpretación".

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