Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso (Sevilla) y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, poseía en dicho municipio serrano una vivienda en "el mismo edificio" que habitaba el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Mientras el Juzgado de Instrucción número seis investiga una posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, Alejandro Millán Torres ha declarado a la Policía Judicial que en 2006 había comenzado a cobrar una prestación por "incapacidad total" y que actualmente es autónomo y tiene una empresa junto a un socio.

Este hombre prestó declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 16 de marzo en calidad de detenido por un presunto delito de tráfico de influencias, siempre dentro de las investigaciones promovidas por la juez Mercedes Alaya.

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga como es sabido esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

El "fondo de reptiles"

Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

Alejandro Millán Torres, según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, había sido detenido por un presunto delito de tráfico de influencias asociado a estos hechos. Ante los investigadores la Brigada Provincial de la Policía Judicial, ha defendido que fue el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, imputado por la juez Mercedes Alaya, quien le propuso "arreglarle una ayuda" después de que, en 2005, un infarto de miocardio le alejase de la actividad laboral. Y es que en 2006, sus ingresos se reducían a una prestación por "incapacidad total" de 545,56 euros.

El pedroso

Millán Torres ha señalado que por aquel año, 2006, residía junto a su familia en una vivienda de El Pedroso ubicada "en el mismo edificio" en el que Francisco Javier Guerrero poseía otra. "Le dijo que llevase toda su documentación médica y laboral a su despacho para arreglarle una ayuda", señala el atestado policial. En abril de 2007, así, comenzó a "cobrar las cantidades", pero ha dicho a los agentes que "no tiene conocimiento alguno respecto a su inclusión como asegurado" en la póliza de seguro de rentas asociada a su nombre y a FCC.

En la actualidad, según el atestado policial, "tiene una empresa de electricidad junto a su cuñado y está dado de alta en la Seguridad Social como autónomo", figurando "cuatro empleados" en la plantilla de la empresa.