El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, ha achacado a un "malentendido" entre departamentos municipales las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de las obras en el túnel de Mioño y de la instalación de un ascensor en el mercado a Izeta, empresa en la que trabaja el hermano de uno de los concejales del equipo de Gobierno.

Así lo ha manifestado en su declaración ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, donde se enfrenta, junto a otras ocho personas (concejales, un empresario y funcionarios) a acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.

Los concejales han negado la existencia de presiones para que la adjudicación de los trabajos fuera a la empresa Izeta y han insistido en que su labor en la Corporación no incluía las cuestiones relacionadas con la contratación, sino con la decisión sobre las necesidades que les hacían llegar los ciudadanos.

Así, Muguruza ha apuntado a la fórmula empleada por el secretario municipal, César Sáiz, imputado también en esta causa, para la redacción de la adjudicación como origen de ese malentendido.

Según ha explicado, en la Junta de Gobierno local se aprobó la adjudicación de los trabajos a Izeta, en un texto que decía, literalmente, "adjudíquese en forma legal y dése a Izeta".

Muguruza cree que esta forma de escribirlo pudo hacer pensar luego en otros departamentos del Ayuntamiento que había instrucciones de adjudicar la obra a Izeta y de presentarlo formalmente con aspecto legal.

El alcalde ha asegurado que no sabía el puesto de Díaz Muro en Izeta, aunque sí conocía la relación familiar. Y ha negado que el concejal de Industria le dijera que había que votar a la empresa en la que trabajaba su hermano.

En su declaración ante el juez, el regidor castreño, ha descrito la "inexistente cultura administrativa" y la deuda de más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, con facturas acumuladas en "sacos de plástico", con que se encontró a su llegada a la Alcaldía, en el año 2003, al frente de un tripartito entre su antiguo partido, el PRC, junto a PP e IU.

Fue una situación sobre la que le llamó la atención también el ex interventor, Fernando Urruticoechea, que intentó ser acusación particular en este proceso.

Muguruza le reprocha que "denunciaba la situación, pero no hacía nada por resolverla", "no ayudaba" y, en su opinión, era, de hecho, "uno de los responsables de la situación" que se había "heredado" en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Tiempo después, le retiraría parte de sus funciones como interventor.

"Los políticos no nos encargamos de procedimientos. Asumimos las quejas de los ciudadanos, las trasladamos e intentamos desbloquearlas", ha explicado Muguruza la forma en la que llevaban la gestión municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

En la misma línea, el responsable por esas fechas de la Concejalía de Obras, Salvador Hierro, ha aclarado que como edil no tenía "intervención" en los contratos administrativos, a los que sólo daba el "visto bueno". Además, ha hecho hincapié en que dada su profesión (pintor) y su formación (formación profesional) no tenía conocimientos en materia de procedimientos administrativos de contratación y en gestión municipal.

Niegan presiones

Hierro ha negado haber recibido "presiones" de Díaz Muro, concejal de Industria, para que que aceptara la oferta de la empresa en la que trabaja su hermano, Izeta, para esas obras.

En cualquier caso, Hierro no ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre los motivos por los que votó a Izeta para la adjudicación. De hecho, sostiene que no se produjo votación en sentido estricto.

Tampoco ha querido responder a los aspectos relacionados con la existencia de otras ofertas, pero sí que ha desmentido que incluyera a otra empresa, sin actividad en ese momento, en el proceso, para "dar apariencia de legalidad", como le planteó el Ministerio Público.

Por su parte, Díaz Muro, concejal de Industria, ha insistido en que su papel era más tomar la "decisión" sobre una obra que atender a su "ejecución" formal.

Juan Ignacio Díez Muro, hermano del edil de Industria e imputado junto a él en la causa, trabajaba entonces en la empresa Izeta, pero ha precisado que no se ocupaba de cuestiones relacionadas con la gestión, competencia de los propietarios de la compañía, sino que su labor se centraba en los aspectos técnicos de los proyectos.

Díez Muro, que ha descrito como fue apartado de otros proyectos al adquirir protagonismo por su implicación en este caso, ha negado que tratara con su hermano el concejal cuestiones relacionadas con este proceso.

Además, ha subrayado que no recibía comisiones ni beneficios de la empresa más allá de su propio sueldo, ha incidido en que no ha realizado inversiones inmobiliarias en Castro Urdiales salvo su vivienda, y ha remarcado que la empresa Izeta sólo construía sobre suelo urbano y que, además, experimentó un "calvario" para poder cobrar estas obras.

Finalmente, el que fuera interventor en esa época, Gregorio Alcedo, ha explicado que sus funciones en materia de contratación se limitaban a confirmar que hubiera consignaciones presupuestarias para las obras, ha descrito la "carga de trabajo" que había en su municipio y ha negado que tratara con el concejal de Industria —el hermano del responsable de la empresa adjudicataria— sobre esta obra ni sobre ninguna otra.

Este acusado, que se ha incorporado a la vista en uno de los recesos y cuya enfermedad provocó la suspensión de la primera convocatoria, ha defendido que no tiene "nada que esconder" en su trabajo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.