El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha citado de nuevo para este viernes, día 15, a los diez imputados en el denominado 'caso Mioño', tras el aplazamiento del juicio acordado hace ahora diez días por la enfermedad de uno de los acusados, el interventor municipal.

El juicio está previsto que comience con las cuestiones previas. Si el interventor acude a la vista, el juicio continuará y, si no fuera así, se aplazará hasta el sábado 30 de abril.

El conocido como caso 'Mioño' alude a la presunta adjudicación irregular de las obras del túnel de dicha localidad y de la supresión de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro Urdiales.

El fiscal solicita la inhabilitación por estos hechos para el alcalde castreño, Fernando Muguruza, y para otras ocho personas (entre concejales y funcionarios municipales), por supuestos delitos de prevaricación, y pide además prisión para el gerente de la empresa adjudicataria de las obras, al que imputa por tráfico de influencias.

Los hechos se remontan al año 2004, cuando se contrataron las obras para limpiar y acondicionar el trazado del túnel del antiguo tren minero, en Mioño.

Según sostiene la Fiscalía en sus calificaciones iniciales, el responsable de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, "valiéndose de su condición" de hermano del por entonces concejal de Industria, Jaime Díez Muro, mantuvo contactos con el edil de Obras, Salvador Hierro, para asegurarse la adjudicación de la obra.

De esta forma, entregó personalmente a Hierro una oferta de los trabajos, que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno del 21 de octubre de 2004, donde fue aprobada por unanimidad de los presentes, a sabiendas de la "ausencia total de expediente administrativo" y de que era la única oferta presentada.

En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo del alcalde, Fernando Muguruza, y de los concejales Jaime Díez Muro (hermano del empresario adjudicatario), José Miguel Rodríguez López, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Juan Tomás Molinero. Y el secretario municipal, por su parte, "incumplió" su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día.

Eliminación de barreras

En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía explica que la Junta de Gobierno Local decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos. Pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada.

Entonces, el concejal Salvador Hierro no dio traslado al servicio de contratación y eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que lo aprobó por unanimidad el 21 de diciembre de dicho año, nuevamente a sabiendas de la falta de expediente administrativo.

En esa ocasión, en la Junta estaban presentes los mismos ediles que aprobaron la contratación de las obras del túnel de Mioño, salvo Tomás Molinero. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo.

En total, el fiscal asegura que Izeta obtuvo un beneficio de unos 7.000 euros, por estas dos obras (3.525 euros por las obras del túnel de Mioño, cuyo presupuesto fue de 58.765 euros; y otros 3.563 de beneficio empresarial en las obras del mercado, que costaron 59.680 euros). PETICIONES

Desde su punto de vista, el responsable de la empresa incurrió en un delito continuado de tráfico de influencias y, por eso, pide que se le condene a un año de cárcel y al pago de una multa de 14.000 euros.

En cuanto a los ediles y funcionarios municipales, imputa delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; al interventor, Gregorio Alcedo, y al concejal Tomás Molinero; y delito continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones.

Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor y el edil Molinero; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).