El juez instructor del caso que investiga el presunto delito de alzamiento de bienes en el que habría incurrido en 2010 el que fuese propietario de la policlínica Miramar, Cristóbal Pizá, ha acordado una fianza de responsabilidad civil de 278.407 euros para el imputado, quien según las pesquisas se deshizo de dos de sus propiedades para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista de la Policlínica y querellante en esta causa, Francisco Miralles.

Así lo ha decretado el magistrado en el auto que ha dictado como primer paso para sentar a Pizá y a su mujer, Antonia Margarita Morro, en el banquillo de los acusados. Mediante esta resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado transformar estas actuaciones en procedimiento abreviado, de modo que la Fiscalía y la acusación particular -en representación de Inversiones Grupo Miralles (IGM)- podrán presentar sus escritos de acusación contra ambos encausados como paso previo a su enjuiciamiento o pedir el sobreseimiento de la causa.

Tal y como asevera el magistrado Francisco José Pérez, las dos propiedades fueron enajenadas por Consaba -de la que Pizá era administrador y a la que Miralles, a través de la mercantil IGM, concedió un préstamo de dos millones de euros en 2006- por un total de 208.805 euros. En concreto, el imputado vendió una de las viviendas -ubicada en Calvià- a su suegra por 87.545 euros, mientras que la segunda -en Logroño- se la compró su mujer por 121.260 euros.

Pese a que Pizá defendió ante el instructor que se deshizo de estos inmuebles porque le urgía saldar deudas con la Banca March y negó por tanto haber ocultado sus bienes a fin de eludir los pagos a Miralles, el juez observa un "claro ánimo de perjudicar" al querellante, representado por la letrada Isabel Fluxà, al aseverar que "no se entiende" la urgencia con la que fueron enajenadas las propiedades y que Pizá prefiriera de este modo dejar de percibir el dinero que estaba obteniendo por el alquiler de una de ellas.

"Todo ello en beneficio de Banca March por un préstamo que no ha sido vencido, por lo que no existiría la necesidad de su abono", subraya el auto, que recuerda que la deuda con Miralles era anterior en el tiempo, de forma que "mayor interés debía tener en satisfacerla". En relación a su mujer, la resolución precisa que si bien sobre ella no recaía ningún embargo, la imputada reconoció ser conocedora de la situación patrimonial de Pizá, quien era poseedor de numerosos bienes y participaciones en sociedades que se encuentran embargados en el marco de otra causa.

Imputado por apropiarse de nueve millones de la policlínica

Y es que el ex propietario de la Policlínica también está imputado en el procedimiento que indaga un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado, junto a su socio en Consaba, Miquel Dalmau -ya fallecido-, de unos nueve millones de euros sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica. Unos hechos que se encuentran en la actualidad pendientes de calificación por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La querella interpuesta por Miralles subraya que éste decidió interponer una demanda cuando transcurridos varios meses no se produjo pago alguno por parte de Pizá y Dalmau. De inmediato, Pizá procedió a la venta de las viviendas "por un precio irrisorio", frustrando de este modo "los derechos de crédito del acreedor". La acusación asevera que "lo más cínico del querellado es su actitud ante toda esta estafa, comunicando que él no podía hacer nada y que eran decisiones de Dalmau que escapaban a su campo de actuación".