Las acusaciones han coincidido hoy al mantener que quienes fueran administrador único y gerente de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa, S.A. (Escte) de Valladolid, Ángel Altés Bustelo y su hija Ana María, respectivamente, se valieron del buen nombre y fama de su familia para cometer una "estafa de guante blanco" desde dicha institución académica.

La, a su juicio, "trama urdida" consistía en lograr la matriculación de alumnos en Administración y Gestión de Empresa tras 'vender' a éstos que dicho título estaba reconocido por la Universidad de Gales, cuando en realidad no había más que negociaciones para conseguir dicha validación.

"¡Los Altés son ricos y poderosos y se aprovecharon del prestigio familiar para estafar a sus alumnos, y deben pagar por ello!", ha aseverado hoy, en la última jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid, el representante de una de las tres acusaciones particulares que, junto con el Ministerio Fiscal, solicitan penas de entre seis y cuatro años de prisión para padre e hija en representación de un total de diecisiete antiguos alumnos de la Escte que, según sostienen los acusadores, sufrieron no sólo un perjuicio económico o desplazamiento patrimonial sino también un grave revés desde el punto de vista educativo.

El propio fiscal, en su intervención que ha abierto el trámite de alegatos finales, ha ratificado su convicción de que los dos procesados son autores de un delito de estafa cualificada ya que "se valieron de artimañas para dar apariencia de legalidad y crear una estructura ficticia que no se ajustaba a la realidad", en referencia a la oferta por parte de la Escte de un doble título, el privado de Administración y Gestión de Empresas "que no interesaba a nadie" y otro por la Universidad de Gales, "verdadero gancho" para atraer a estudiantes que sin haber completado el Bachillerato o superado la Selectividad buscaban un título oficial.

El acusador público, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha responsabilizado directamente de la situación a Ángel Altés como director de la Escte y a su hija en calidad de "brazo ejecutor", tomando así como propias las afirmaciones de distintos integrantes del claustro de profesores, y ha enfatizado en que la oferta del "falso" título se inició en 2002 y la misma se prolongó hasta 2006, y ello a pesar de que el proceso de validación del mismo con la Universidad de Gales no se inició hasta marzo de 2004 y quedó definitivamente roto en noviembre del mismo año.

"El engaño se produjo ya en 2002 cuando se hizo creer a los alumnos que al matricularse formaban parte de la Universidad de Gales, pero todavía es mucho más grave que en noviembre de 2004, tras truncarse la validación, los Altés no se lo comunicaron a los alumnos y guardaron un absoluto silencio", ha censurado el fiscal, que, al igual que el resto de acusadores, entiende que la Escte utilizó el logotipo de la universidad británica e incluso cobró a una docena de alumnos las tasas por su fingida adscripción a ella, pese a que la escuela vallisoletana no recibió en ningún momento autorización para ello.

Por tal motivo, las acusaciones consideran absolutamente probada la actuación delictiva de ambos procesados y el consiguiente perjuicio ocasionado al alumnado de Administración y Gestión de Empresas, en forma de "desplazamiento patrimonial", ya que tuvieron que completar su formación en otras escuelas de fuera de Valladolid, con los gastos que ello ocasionó a sus padres, puesto que para la convalidación de las asignaturas tuvieron que satisfacer nuevas tasas en las instituciones receptoras, a lo que añadieron el perjuicio causado en su proceso educativo.

"estafa de guante blanco"

Otra de las acusaciones incluso ha calificado los hechos como una "estafa de guante blanco cometida por unos empresarios de reconocido prestigio" que, al amparo de que la Escte ya contaba con otros tres títulos validados por Gales y con la ayuda de la parafernalia del Palacio de Villagómez, donde se recibía a los interesados, decidieron ofrecer una cuarta titulación bajo la apariencia de que también estaba reconocida, algo de lo que, según advirtió, se fió su clienta, que "ha perdido cuatro años de su vida" y que hoy cuenta con un título privado que no le ha servido para nada.

Pese a ello, ésta y otra de las acusaciones particulares anunciaron que no pondrían pegas ante un posible indulto parcial para los dos acusados, siempre y cuando los perjudicados se vean compensados moralmente con el abono de las cuantiosas indemnizaciones reclamadas.

"No parecen personas peligrosas y por eso en su día propusimos llegar a algún tipo de acuerdo mediante el sistema de mediación penal para que ni ellos ni sus víctimas tuvieran que soportar este trance, pero será ahora el tribunal el que dicte sentencia", ha indicado el abogado de una de las víctimas.

Y esa sentencia es la que las defensas, el abogado de padre e hija y el representante legal de Catalana Occidente, como responsable civil subsidiario, solicitan que sea absolutoria. El primero de ellos ha fundamentado su alegado en el hecho de que el proceso de validación de la polémica titulación, cuyo inicio situó en 2003, es "real", que estaban al corriente de ello todos los alumnos y que las negociaciones se truncaron cuando en diciembre de 2005 los propios estudiantes denunciaron ser víctimas de una estafa, lo que provocó un escándalo mediático.

Una escuela seria

El defensor ha destacado igualmente la "seriedad" de la Escte, con cerca de cuatrocientos alumnos y más de una veintena de educadores de reconocido prestigio, y ha recordado que al matricularse los alumnos firmaron hasta cuatro documentos, y en ninguno de ellos aparecía ni una sola referencia a la Universidad de Gales.

El letrado de los Altés ha reconocido que a una docena de alumnos se les cobró tasas correspondientes a Gales por "error" pero que tal circunstancia se corrigió más tarde y se devolvió el dinero a los perjudicados. "De un total de 41 alumnos sólo se cobraron las tasas a una docena, y por error, lo que ya desmonta que los acusados actuaran con ánimo de lucro", ha declarado la defensa, quien también ha calificado de sintomático que de un total de 53 alumnos de dicho título matriculados en distintos cursos tan sólo 17 se hayan personado en la causa.

Asimismo, el representante de los Altés ha rechazado que el alumnado de esta titulación hubiera sufrido perjuicios económicos o de otra índole y ha insistido en que la formación recibida fue muy provechosa, como demostraría el hecho de que "todos ellos están colocados.