El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), había informado ya a Europa Press de que 18 de los prejubilados del expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos habían recibido notificaciones correspondientes a las demandas formuladas por el INEM al objeto de reclamar el reintegro de las cuantías libradas para sus respectivos subsidios de desempleo. Buena parte de este colectivo, de otro lado, no había conseguido aún acceder a este tipo de prestaciones y, a tal efecto, promueve acciones judiciales en demanda del subsidio de desempleo.

El INEM, según explicaba Rafael Domínguez, ha contabilizado finalmente como "rentas de ingreso" las pólizas de seguro de rentas correspondientes a las prejubilaciones a las que se han acogido estos antiguos miembros de la plantilla del mercado central, reclamando merced a la Ley el reintegro de las cuantías percibidas en concepto de subsidio de desempleo. Domínguez ha defendido que la concepción del expediente de regulación de empleo de 2007 como una "continuación" del procedimiento de la misma naturaleza acordado en 2002, y consumado en 2003, obliga a caracterizar las prejubilaciones de estos trabajadores según la legislación vigente en aquel momento, que compatibilizaba el subsidio de desempleo con este tipo de ingresos.

Nueva reclamación del inem

Ahora, y según ha informado de nuevo Rafael Domínguez a Europa Press, el Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla tramita una demanda mediante la que el INEM reclama al prejubilado del ERE de 2007 José Antonio R.M. el reintegro de las partidas disfrutadas en concepto de subsidio de desempleo. La vista oral, según Domínguez, ha sido fijada para el 10 de diciembre de 2012 y la demanda ha surgido en un momento en el que el INEM habría "prorrogado" la concesión del subsidio de desempleo en favor de José Antonio R.M.

José Antonio R.M., como es sabido, figura como imputado en las diligencias incoadas por la juez Mercedes Alaya para esclarecer posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) impulsados desde el mercado central de abastos. Y es que la juez Alaya ya se había interesado por el contrato de trabajo de José Antonio R.M., cuya inclusión en el ERE de 2007 autorizó el por entonces delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, diez días después de ser dictada la resolución del ERE y merced a las sucesivas e intermitentes relaciones contractuales entre el trabajador y la compañía. El comité de empresa, no obstante, defiende plenamente la prejubilación de este trabajador en el procedimiento esgrimiendo su relación laboral con la lonja.

El ere de 2007

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación.

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".