Productores y consumidores han denunciado la existencia de una crisis alimentaria mundial ocasionada por el incremento de las materias primas y los costes de producción agraria y han solicitado, tanto al Gobierno español como a las autoridades europeas, que establezcan nuevas políticas en este ámbito para garantizar la estabilidad de los precios, según ha informado la Unión de Consumidores de España (UCE).

El colectivo también ha hecho referencia a la "especulación alimentaria" como una de las causas de esta crisis. Así, ha recalcado que estos productos han comenzado a cotizar en los mercados financieros y ha puesto como ejemplo que Catalunya Caixa ha lanzado un nuevo depósito en el que opera con maíz, café y azúcar.

Asimismo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su temor ante la escasez de azúcar en el mercado español por las nuevas subidas de precio, ya que entre enero y febrero el coste del producto se incrementó un 16,2%, y ha subrayado que desde 2003 los consumidores han pagado un euro más de media por año por la carne de vacuno, mientras los ganaderos siguen percibiendo el mismo precio.

Las diversas organizaciones también han criticado el creciente desequilibrio de la cadena comercial agroalimentaria que, a su parecer, viene generado por la posición negociadora de las grandes empresas de distribución agroalimentaria. Además, han insistido en la existencia de ciertas prácticas comerciales abusivas por parte de estas compañías que se han "agudizado" con la crisis económica.

Así, han asegurado que la renta del sector agrario español ha caído un 27,4% desde 2003 y que los gastos de costes de producción agrícolas y ganaderos se incrementaron un 5,3% durante 2010 por la subida de los piensos, el gasóleo agrario y la factura de la luz. Por ello, han considerado que las políticas que apuestan por bajar los precios tienen "consecuencias nefastas" sobre el tejido productivo agrario español.

Por último, han solicitado al Gobierno español y a las autoridades europeas que lleven a cabo políticas agrarias que garanticen la estabilidad de los precios de los productos agroalimentarios mediante los instrumentos de gestión y regulación de los mercados. A la vez que les han pedido recoger en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria la regulación de las prácticas comerciales abusivas y la vertebración del sector a través de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.