El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier Izquierdo, ha reprochado el incremento de "100.000 euros" que supone el nuevo proyecto de legalización del edificio de la plaza de Zorrilla y ha mostrado su "esperanza" porque sea "el definitivo", pues ha advertido de que la memoria aprobada no aclara si se cumple completamente la sentencia judicial.

En un comunicado del PSOE recogido por Europa Press, Izquierdo eleva a "700.000 euros" el coste previsto para las obras, lo que supone un incremento de más de 100.000 euros sobre el coste de la última modificación, que situaba el coste inicial del presupuesto en algo menos de 600.000 euros.

Izquierdo ha ironizado con que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, "no visitará la obra durante la campaña" pese a que considera "interesante" una explicación a los ciudadanos sobre el porqué de este gasto para retornar la azotea del edificio a lo que fue antes de la construcción de los áticos "levantados de manera irregular y declarados ilegales por el TSJCyL tras una denuncia de la Federación de Vecinos".

Izquierdo ha recalcado que se trata del tercer proyecto de restauración de la legalidad, y supone nuevas actuaciones que implican, por un lado, convertir una serie de oficinas en viviendas, instalándoles cocinas, y por otro, adaptar las ventanas de la planta séptima, donde vive el regidor vallisoletano.

Izquierdo afirma que espera que este proyecto sea el "definitivo", pues "cada vez que la Justicia se pronuncia sobre la obra, rechazando la solución adoptada, se generan costas en los juzgados que paga el Ayuntamiento, y cada proyecto cuesta más dinero", pues la modificación primera aprobada en julio de 2009 costó 240.000 euros.

Además, según el edil socialista, el proyecto descriptivo, no deja claro "qué se hará con las ventanas de la séptima planta, donde el alcalde tiene su vivienda, puesto que la literatura de la memoria regatea la solución, intentando sortear el literal del último auto judicial".

Este hecho hace "temer" un nuevo conflicto judicial que generaría nuevos costes, además de los que se derivarán de las indemnizaciones de los propietarios de oficinas que se verán transformadas en viviendas.

Asimismo, ha advertido de que la constructora ya ha recurrido ante los tribunales la decisión municipal de exigirle el cobro de las obras, en contra del criterio del alcalde.