El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno la nueva modificación del proyecto de ejecución de restauración de la legalidad en el edificio de Plaza de Zorrilla, que afectará a las plantas cuarta a séptima, donde se modificarán los huecos de las ventanas hasta retornarlos a las dimensiones que tenía en el proyecto originario de 1946.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta mañana en sesión ordinaria bajo la presidencia del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha aprobado este nuevo proyecto, valorado con un presupuesto de 488.769 euros —74.000 más que la anterior modificación—.

A esta cifra, como ha recordado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Javier Izquierdo, se debe sumar los gastos generales y el 19 por ciento de IVA, lo que elevaría la cuantía a 686.000 euros, "100.000 euros más a cargo de las arcas municipales".

El proyecto, promovido de oficio por el Ayuntamiento para seguir dando cumplimiento a las disposiciones judiciales, reducirá en su caso, si fuera necesario, la altura de los trasteros y, en lo referente a los huecos de la planta séptima, adopta como criterio a seguir la misma composición existente en el resto de la fachada, según el proyecto originario de 1946, salvo en el alzado a la calle Santiago donde solo habrá cuatro vanos, ya que a la vista de la documentación que existe, hace imposible situar con exactitud todos los huecos existentes de esa planta.

También se redistribuyen las plantas cuarta, quinta y sexta para recuperar el uso de vivienda o residencia familiar, según recogía la sentencia, ya que algunos de ellos se destinaron a oficinas.

Finalmente, el proyecto contempla aspectos técnicos de adecuación de las obras a la normativa urbanística municipal, y a las determinaciones señaladas en el Auto 50/11 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según el comunicado, otros aspectos de carácter sectorial y mediciones serán tenidos en cuenta y comprobados tanto en proyecto como durante la ejecución de las obras por los técnicos encargados de la dirección facultativa.

Se trata de la tercera ejecución de una orden judicial para restituir el edificio a la legalidad, después de las de julio de 2009 y septiembre de 2010. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL declaró la nulidad de este último acuerdo el pasado 15 de marzo e instó al Ayuntamiento a dar cumplimiento "en sus justos términos" a la sentencia judicial de abril de 2008 que declaraba la ilegalidad del edificio por distintos excesos de edificabilidad.