La directora general de Comercio y Consumo, Silvia Ordiñaga, ha ratificado el trabajo que realiza la Generalitat, a través de la Conselleria de Industria, para que la adaptación a la Directiva Europea de Servicios "ofrezca seguridad a los vendedores ambulantes de la Comunitat Valenciana para desarrollar su actividad con las máximas garantías mediante la ampliación de los plazos de vigencia de las autorizaciones municipales, de acuerdo con lo que permite la legislación española".

Así lo ha señalado en un comunicado ante la inquietud de los vendedores no sedentarios por los requisitos establecidos en esa Directiva Europea de Servicios, que les ha llevado a concentrarse este jueves ante la sede de la Conselleria de Industria en Valencia.

Ordiñaga ha recalcado que "la prioridad del Consell es la mejora de las condiciones de vida de los vendedores ambulantes valencianos y de sus clientes y la profesionalización del sector".

Ha defendido asimismo que "la ley de Comercio recientemente aprobada establece una regulación de la venta no sedentaria en la Comunitat, ajustada a la legislación básica del Estado, que resultaría de aplicación por los Ayuntamientos, aún en defecto de la legislación autonómica".

Según ha indicado, actualmente trabajan en el desarrollo reglamentario para "ajustarlo a las necesidades de los Ayuntamientos y los vendedores de la Comunitat Valenciana y dedicamos todos nuestros esfuerzos a tratar de alcanzar acuerdos para que el desarrollo de la legislación se ajuste a los intereses de todas las partes".

Así lo ha transmitido Ordiñaga a los representantes de las asociaciones de vendedores ambulantes de Alicante, Valencia y Castellón y a los responsables de comercio de los ayuntamientos, durante las reuniones que ha mantenido en las dos últimas semanas para conocer los planteamientos y las inquietudes del sector ante la aplicación de la nueva Directiva Europea de Servicios.

La directora general ha avanzado que "en el plazo de quince días" mantendrá "una reunión con todo el sector para plantear las propuestas del desarrollo de la ley y saber cuál es su opinión al respecto".

"No debemos correr el riesgo de que nuestra normativa autonómica sea cuestionada en los tribunales por vulnerar las competencias del Estado con el consiguiente retraso para mejora del sector de comercio no sedentario", ha advertido.

Ordiñaga ha recalcado que "una vez ha sido aprobada la Ley de Comercio, el primer desarrollo normativo que se va a acometer es el decreto autonómico que debe regular el comercio no sedentario valenciano" y ha garantizado que harán todo lo posible para "garantizar que los plazos de vigencia de las autorizaciones permitan amortizar sus inversiones a los vendedores ambulantes y asegurar su continuidad especialmente a los que ya venían dedicándose a esta actividad".

También ha dicho que están "pendientes de la evolución de la norma en otras comunidades autónomas y de las decisiones de los tribunales para, en caso necesario, mejorar" su normativa.

En este punto, ha recordado que la venta ambulante es competencia de los ayuntamientos y que "el compromiso de la Generalitat es establecer un período transitorio que garantice la continuidad de su actividad hasta la aprobación de las nuevas ordenanzas municipales por parte de los Ayuntamientos competentes para, una vez aprobadas, establecer unos plazos de vigencia de las autorizaciones adecuados a la realidad de las condiciones económicas de la venta no sedentaria".

De este modo, ha incidido en que la Generalitat "solo puede asumir el papel de coordinación, inspiración y apoyo de las decisiones municipales en esta materia", a lo que ha agregado que su departamento trabaja para que esa Directiva de Servicios "ofrezca seguridad a los vendedores no sedentarios y/o ambulantes de la Comunitat Valenciana para desarrollar su actividad económica con las máximas garantías mediante la ampliación de los plazos de vigencia que permita la legislación española".