El titular del juzgado de lo Penal número 17 de Paterna (Valencia) ha absuelto a cuatro trabajadores y a tres representantes sindicales de un delito de extorsión y de otro de amenazas, al considerar que no boicotearon a su exempresa ni la llevaron a la quiebra por encadenar diversas bajas médicas.

Según consta en la sentencia, facilitada por la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de la UGT-PV, las bajas de estos trabajadores fueron concedidas por profesionales de la medicina y, además, el magistrado mantiene que fue la propia empresa la que despidió a cuatro trabajadores —a dos de ellos se les consideró nulo el despido, y a los otros dos, improcedente—.

Los hechos, juzgados el pasado 29 de marzo, se remontan a 2005, cuando cuatro trabajadores fueron despedidos de una empresa. Tras las negociaciones que se llevaron a cabo en varias reuniones, la mercantil decidió denunciar a los empleados y a sus representantes sindicales por un delito de extorsión y amenazas, achacándoles como responsables la liquidación de la empresa por encadenar diversas bajas laborales.

El juez estima, tras el visionado de varias grabaciones y las declaraciones de los acusados y algunos testigos en el juicio, que la "única" conclusión que se puede alcanzar es que fue realmente el dueño de la empresa el que intentó crear una situación en virtud de la cual "acreditase un chantaje", "una extorsión de los trabajadores hacia su empresa".

De hecho, mantiene que en la reunión mantenida el 15 de julio de 2005 entre el propietario y los trabajadores para hablar de la situación de la empresa, fue el dueño el que golpeó reiteradamente la mesa, y el que dijo expresiones como "se puede denunciar cualquier cosa", o "si no les pago los 10.000 euros, pondrán las denuncias que les parezca bien".

Así, el magistrado estima que el tono de la reunión y su contenido "queda perfectamente encuadrado en una negociación de empresa" y que "no media un comportamiento de chantaje o elementos propios de un delito de extorsión en ninguna de las personas que se entrevistaron" con el dueño de la mercantil.

También señala que no ha quedado acreditado que la actual situación de la empresa obedezca a la salida de la misma de los trabajadores, "salida que se produjo conforme a lo legalmente establecido, sin que, además, se haya pretendido un lucro económico por parte de los trabajadores". Así, cree "imposible" imputar a los acusados responsabilidad alguna en la crisis de la empresa.

Y esto lo dice porque el propio dueño, a pesar de que manifestó en la reunión de julio su no deseo de que los empleados allí presentes abandonasen la empresa, tampoco atendió a las propuestas de negociación que tuvo.

Por todo, el juez decide absolver a los acusados y, además, considera procedente imponer a la acusación particular la condena en las costas que se han ocasionado a los acusados, ya que entiende que en este procedimiento "se ha generado una litigiosidad excesiva" y los trabajadores "merecen ser restituidos por los gastos ocasionados con la defensa de sus derechos e intereses legítimos". ACCIONES

UGT-PV ha valorado esta resolución y se reserva la posibilidad de emprender acciones legales frente a la acusación "infundada y temeraria", que "ha pretendido hacer responsables a los trabajadores y a sus representantes de la quiebra de una empresa del sector del transporte", ha lamentado.