La FER propone un mayor y mejor control del gasto público por parte de las administraciones, más aún cuando se han producido costes desmedidos durante la época de bonanza económica y ahora es necesario mejorar esta gestión presupuestaria. Durante 2009, en plena situación de crisis económica, la plantilla del sector público estatal aumentó un 2,4 por ciento, según ha indicado la patronal riojana en una nota de prensa.

En el caso de La Rioja, "es previsible que el reciente traspaso de competencia en materia de justicia lleve aparejado un incremento del peso del sector público en nuestra región". "Es deseable que los recursos transferidos estén debidamente dotados y sean gestionados diligentemente de forma que no se sobredimensione en exceso nuestra administración regional", ha añadido.

La descentralización de estos últimos años ha permitido una cercanía entre administración y administrado, que se supone redunda en una mayor calidad del servicio prestado. No obstante, la política de descentralización ha de ser revisada.

El Estado ha de tener una mayor intervención en relación con las autonomías, con el objetivo de que las regiones no legislen y regulen a su antojo servicios tan básicos como la sanidad, la educación y la justicia. La descentralización de competencias tiene efectos positivos, pero también un lado perverso, como es el de la pérdida de unidad de mercado.

No se debería permitir que un ciudadano no tenga derecho al mismo servicio por el hecho de vivir a 5 kilómetros de distancia entre una Comunidad y otra. En España existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

También es necesario trabajar en una restructuración de la gestión municipal, bien promoviendo la integración de municipios menores con otros de tamaño mayor, bien potenciando la figura de las mancomunidades, para mejorar la eficiencia y reducir los costes de los servicios prestados.

El modelo de gestión mancomunada no solo se circunscribe en el ámbito municipal, sino que entre autonomías y diputaciones provinciales debe realizarse una gestión más coordinada.

Las administraciones públicas deben velar por el uso racional de los servicios públicos, potenciando la actividad de pymes y autónomos riojanos y ofreciendo servicios a precios razonables.

Por otra parte, algunas actividades empresariales, como guarderías o gimnasios están gravemente penalizadas por los servicios públicos, lo que aboca al cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Las administraciones "deben ajustarse al nuevo contexto económico y fiscal suprimiendo gastos, rediseñando ofertas de servicios, mejorando la eficiencia de los recursos y evitando despilfarros en partidas como fiestas, gastos suntuosos, parques móviles, personal de confianza, organismos públicos e impulsando la gestión colaborativa pública-privada".