El ex conseller de Turismo del Govern, Francesc Buils, ha negado ante la jueza instructora del caso Voltor haber percibido 30.000 euros de la empresa Minser después de que a esta empresa se le adjudicase desde el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) un primer contrato, por valor de 600.000 euros, para la implantación de un sistema de información turística con tecnologías avanzadas, proyecto que el imputado ha defendido y en cuya utilidad asegura seguir creyendo.

Durante su declaración como imputado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios de los abogados personados en la causa, Buils ha aseverado que jamás ha recibido la anterior dádiva, en contra de lo manifestado este martes por el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, quien afirmó que del beneficio generado por este contrato se repartieron entre Buils, Minser y el propio Losada 30.000 euros cada uno.

El encausado, defendido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, ha destacado asimismo que incluso a principios de 2010 el Govern balear seguía apostando por este proyecto, que permitía acceder a servicios turísticos evitando la intermediación de touroperadores.

Asimismo, ha sido preguntado acerca del viaje a Dallas al que se trasladó junto al ex coordinador de UM, Antoni Caldentey, y el ex jefe de Informática del Consell, Antoni Barceló, así como con Gabriel Rivas como representante de Minser, a fin de visitar la sede de la empresa Intervoice. Al respecto, Buils ha reconocido que viajaron hasta allí a fin de conocer cómo funcionaba la tecnología que en Baleares querían poner en marcha, al aseverar que Intervoice era pionera en este sentido.

Por su parte, el ex presidente del Cilma y de UM, Miquel Àngel Flaquer, quien también ha sido interrogado en calidad de imputado esta misma jornada, también ha defendido la tramitación de un posterior contrato, adjudicado en 2007 por un millón de euros, así como la funcionalidad del proyecto. Tal y como ha recordado, Buils le dijo que propusiera a los técnicos que se llevase a cabo con el menor coste para la Administración, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

No obstante, las investigaciones de esta pieza apuntan al presunto amaño del procedimiento por el que fue adjudicado a finales de ese año el contrato de un millón de euros a Minser para ofrecer información turística mediante un sistema de reconocimiento interactivo de voz (IVR).

Mientras tanto, también han prestado declaración Caldentey y Barceló, quienes han reafirmado que se trasladaron a Dallas para comprobar cómo funcionaban las aplicaciones, negando de forma tajante que este viaje guardase relación con la posterior adjudicación a Minser. Tal y como han señalado, se valoró la posibilidad de impulsarlo en las islas y cinco empresas ofrecieron su tecnología, que fueron valoradas por tres técnicos, que finalmente optaron por Minser como la mejor opción para poner en marcha el proyecto.

La próxima semana proseguirán las declaraciones

Buils, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros, también está citado a declarar el próximo día 11 en el marco de la última pieza separada que abrió la magistrada y que gira en torno a la colocación de militantes de UM en el Cilma pese a que en realidad no habrían prestado ningún tipo de servicio en la entidad pública. Ese mismo día declararán como imputados Losada y la portavoz de la formación nacionalista, Catalina Julve.

Un día después, dentro de este mismo fleco serán interrogados el ex vicepresidente del Consell de Mallorca y ex presidente de UM, Miquel Nadal, así como su entonces secretaria técnica, Eugenia Cañellas, quien ya confesó ante el juez instrutor del caso Maquillaje que Minser y el Cilma pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos proveedores.