Junta de Andalucía y Gobierno firman este jueves el convenio de encomienda de gestión sobre el Guadalquivir

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, firman este jueves en la sede del Ministerio en Madrid el convenio de encomienda de gestión sobre las aguas del río Guadalquivir que discurren íntegramente por la comunidad autónoma andaluza, acordado por la Comisión Bilateral Gobierno central-Junta de Andalucía y en la que se fija la gestión durante los próximos seis meses de las aguas del río que transcurren por la región, mientras que se alcanza una solución definitiva, después de que el Tribunal Constitucional anulase el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía las competencias exclusivas.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, firman este jueves en la sede del Ministerio en Madrid el convenio de encomienda de gestión sobre las aguas del río Guadalquivir que discurren íntegramente por la comunidad autónoma andaluza, acordado por la Comisión Bilateral Gobierno central-Junta de Andalucía y en la que se fija la gestión durante los próximos seis meses de las aguas del río que transcurren por la región, mientras que se alcanza una solución definitiva, después de que el Tribunal Constitucional anulase el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que atribuía a Andalucía las competencias exclusivas.

De esta manera, este jueves se formaliza el acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo en la Comisión, después de que el Tribunal Constitucional el día 16 de marzo decidiera por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz que daba a la región la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir, así como estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica andaluza.

La firma del convenio, que en principio estaba fijada para el pasado lunes, recibió el martes la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Según explicó, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, esta aprobación es un trámite necesario para la firma. Con esta solución transitoria, que se concretará en una encomienda a la Consejería de Medio Ambiente, ambas administraciones garantizan la continuidad y la seguridad jurídica mientras se alcanza la fórmula definitiva que garantizará la participación real y efectiva de Andalucía en la gestión del Guadalquivir.

De acuerdo con el convenio autorizado, las resoluciones y los actos dictados por la Junta desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008 no serán susceptibles de revisión posterior. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años.

Por otro lado, la Comisión Bilateral también acordó crear una Subcomisión formada por seis personas de la Junta y otras tantas de la Administración General del Estado, que trabajarán en la solución definitiva a este asunto que defina el nuevo modelo de gestión.

El trabajo de la Subcomisión se centrará en analizar los escenarios constitucionales, realizará un estudio pormenorizado de las competencias de transferencia y trabajará en buscar alternativas de modelo.

El convenio permitirá que durante los próximos seis meses la gestión de todo lo que son los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía lo lleve la comunidad autónoma.

"la mejor gestión posible"

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, dejó claro durante su última intervención el Parlamento de Andalucía la semana pasada que el objetivo del Gobierno andaluz es conseguir "la mejor gestión posible" del Guadalquivir, de manera que desde que se tuvo conocimiento del fallo del Tribunal Constitucional, las actuaciones han estado marcadas por la celeridad, la excepcionalidad y por el diálogo.

"Estamos ante una situación jurídica excepcional porque nunca antes se había producido la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de un Estatuto de Autonomía que se está desarrollando, al tiempo que ha augurado una intensa y compleja labor en el seno de la subcomisión que se va a crear para dar una solución definitiva que concluya con un modelo que sea satisfactorio para todos", explicaba Moreno.

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