Los que fueran administrador único y gerente de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa, S.A. (Escte) de Valladolid, Ángel Altés Bustelo y su hija Ana María Altés Villar, respectivamente, que están siendo juzgados en la Audiencia Provincial por delito continuado de Estafa, ocultaron durante más de un año a sus alumnos de Administración y Gestión de Empresas que su titulación nunca sería validada por la Universidad de Gales.

Eso es al menos lo que se desprende de la declaración prestada hoy por el director de la Unidad de Convalidación de la institución académica galesa, Huw F. Hughes, quien desde aquel país y por el sistema de videoconferencia ha afirmado que ya en noviembre de 2004 su departamento comunicó a los responsables de la Escte que la tramitación entre ambas entidades para que la británica validara la titulación de Bachelor in Bussiness Administration que impartía la vallisoletana habían quedado definitivamente rotas, algo de lo que los alumnos no se enteraron hasta que en diciembre de 2005 se pusieron en contacto telefónico con el declarante ante el temor de que "estuvieran recibiendo una información falsa" y para conocer si su título tenía o no el respaldo de Gales.

El testigo, durante más de tres horas de declaración, en algunas fases contradictoria y a veces incomprensible, en parte debido a problemas de sonido que dificultaron sobremanera la labora de la traductora, sí apuntó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Escte entró en 2003 en conversaciones con la galesa para convalidar el título de Gestión y Administración de Empresas, algo que ya había logrado con otras tres titulaciones, y que no fue hasta el 22 de enero de 2004 cuando tales contactos se hicieron oficiales mediante una reunión que a tal efecto se celebró en Valladolid.

Impago de matrículas

Sin embargo, y pese a que la Escte remitió a Gales en abril de ese año la documentación pertinente, "la convalidación nunca se llegó a realizar", algo que la universidad galesa comunicó expresamente a la escuela vallisoletana en noviembre de 2004 y que posteriormente confirmó en 2006. Las razón fundamental, según el testigo, es que a partir de ese año la institución vallisoletana dejó de pagar a la galesa por las matrículas de las tres titulaciones que sí habían sido reconocidas por ésta.

"La documentación remitida desde Valladolid para la convalidación de Gestión y Administración de Empresas era pertinente, correcta, de forma que si no se hubiera dado esta situación de impagos el proceso se hubiera completado de la misma forma que con los otros tres títulos", ha advertido Hughes, quien, de hecho, ha recordado que se llegó a crear un comité de convalidación y se fijó una reunión en la capital del Pisuerga para enero de 2005 que finalmente no se celebró porque persistían los impagos y "se acordó en noviembre de 2004 no sacar los billetes de avión para los componentes de dicha comisión que tenían que viajar desde Gales".

Hughes ha añadido que era conocedor de que la Escte había comenzado a ofertar la polémica titulación pero desconocía que se estuviera utilizando el 'logo' de la británica, algo para lo que la escuela dirigida por los Altés "no estaba facultada". Además, ha precisado que en el supuesto de que finalmente se hubiera conseguido la convalidación, aquellos alumnos que hubieran iniciado la carrera con anterioridad no habrían visto validado el título de forma retroactiva, "sino que se tendría que haber analizado cada caso con detenimiento".

Los incumplimientos de tipo económico por parte de la Escte con la Universidad de Galés llevaron finalmente a ésta a resolver su relación con la Escte en 2005, si bien Hughes ha precisado que la colaboración académica entre ambas continuó únicamente a los efectos de que alumnos de las tres titulaciones convalidadas pudieran concluir sus estudios.

Concluida la última prueba testifical, todas las partes personadas en el proceso, el Ministerio Fiscal, las tres acusaciones particulares que representan a diecisiete alumnos perjudicados y las dos defensas elevaron a definitivas sus conclusiones y pospusieron sus alegatos para el próximo día 12 de abril.

Así, y frente a la petición absolutoria de los defensores, el Ministerio Fiscal ha mantenido su solicitud de cinco años de prisión para los dos acusados por delito continuado de estafa, junto con multas de 6.120 euros y el pago de indemnizaciones por valor global de 214.780 euros, además de otras cantidades que habrán de acreditarse en ejecución de sentencia, mientras que el acusador particular que representa a la mayoría de los damnificados solicita para Ángel Altés seis años de cárcel y dos años para su hija, además de indemnizaciones por importe de 750.000 euros, dado el grave perjuicio creado a los denunciantes por el tiempo perdido de formación en años tan decisivos para la misma.

Los acusadores —otros solicitan penas de cuatro años— aplican como agravante el hecho de que la defraudación se ha cometido sobre un bien de reconocida utilidad social (la educación), así como en orden a los múltiples perjudicados.