El Defensor del Pueblo recibió el pasado año 251 quejas de ciudadanos cántabros, cuatro más de las recibidas en el año 2009, según los datos del Intorme Anual de la institución presentado este miércoles y recogido por Europa Press.

Representan el 0,74 por ciento de las quejas presentadas en el conjunto del país, frente al 1,14% que alcanzaban en 2009. Y en cuanto a su tipología, el pasado año 194 fueron quejas individuales (26 menos) y 57 de carácter colectivo (30 más que en 2009).

En total, el Defensor del Pueblo recibió el pasado año 33.870 quejas de toda España, lo que supone un aumento del 56 por ciento, mientras en Cantabria el crecimiento de las quejas ha sido sólo del 1,6 por ciento.

En el informe, el Defensor del Pueblo repasa aquellas administraciones que ponen más dificultades a su labor y destaca el grupo de las que considera "entorpecedoras", aquéllas que después de tres requerimientos no han respondido a sus peticiones de información.

Sólo un ayuntamiento cántabro figura en ese listado, el de Castro Urdiales, al que se solicitó en mayo de 2009 un informe para que explicara por qué no se había reparado una acera y calzada hundida. Después de un tercer requerimiento sin respuesta, el Defensor del Pueblo cerró la queja el 2 de junio de 2010.

Sin llegar a ese punto, el informe del Defensor del Pueblo señala otros dos ayuntamientos cántabros a los que ha tenido que hacer tres requerimientos para finalmente conseguir respuesta.

Uno de ellos es el de Guriezo, al que solicitó informe por no responder a "numerosas reclamaciones" por deficiencias en el servicio de suministro de agua corriente y por el cobro de tasas por dicho servicio. El informe del Consistorio se recibió el pasado 22 de octubre, tras tres requerimientos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Noja, también después de tres peticiones, respondió en junio del pasado año a las consultas del Defensor del Pueblo en relación a una elevación de terrenos de dominio público sin contar con autorización municipal y sin adoptar las medidas correspondientes para su recuperación.

Recomendaciones y sugerencias

En cuanto al apartado de recomendaciones, el informe recoge como recomendación pendiente la realizada al Ayuntamiento de Santander para que adopte medidas que impidan que las infracciones urbanísticas se consoliden "por el mero transcurso del tiempo".

Según sostiene el Defensor del Pueblo, se incumple el mandato legal que encarga a las administraciones locales "inspeccionar, preservar y restablecer el orden urbanístico infringido, actuando con la debida diligencia y evitando que los infractores se beneficien de la demora en el actuar administrativo, perjudicando con ello a otros ciudadanos".

Por último, también relativa al Ayuntamiento de Santander, el informe señala sendas sugerencias ya admitidas: una sobre el incumplimiento de unos propietarios de los plazos dados para el desarrollo de una unidad de ejecución; y otra sobre la necesidad de resolver los problemas de convivencia y destrozos en las zonas comunes en un edificio de viviendas municipales en alquiler.